La juez de la operación Santiago-Rusadir embarga a Aberchán más de 2 millones

La juez que dirige la operación Santiago-Rusadir, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, ha impuesto un embargo de más de 2 millones de euros al líder de CpM, Mustafa Aberchán.
Éste se encuentra actualmente en una prisión de Santander tras haber sido detenido en aquella ciudad el pasado 6 de marzo por su presunta responsabilidad en los casos de corrupción que se produjeron en el Gobierno de Eduardo de Castro con la hipotética intención de realizar una masiva compra de votos por correo en las elecciones municipales y autonómicas de 2023.
Además de Aberchán, una cantidad similar le ha sido impuesta, a su vez, a la que fuera consejera de Hacienda en esa legislatura 2019-2023, la cepemista Dunia Almansouri, que también está privada de libertad con carácter preventivo desde la misma fecha.
Así lo ha publicado recientemente El Español, periódico que establece en un total de 9 los millones embargados por la juez al conjunto de presuntos relacionados en la organización criminal para la compra de votos, lo cual no solo implica a los responsables políticos sino también a más de una decena de empresarios locales.
El Español también ha señalado que la juez, en una resolución de primeros de este mes de abril, señala que “los directores generales tramitaron los procedimientos a sabiendas de que carecían de competencias y/o el expediente no cumplía con los requisitos legales; si bien, no hay indicios de que percibieran cantidad alguna por esta actuación. Los empresarios adjudicatarios se concertaron con los demás invitados al expediente contractual y con los consejeros para la obtención del contrato, beneficiándose ellos mismos y a la organización criminal, colaborando con la compra de votos directa o indirectamente".
Una de las defensas consultadas por El Español, sin embargo, niega cualquier malversación de fondos y apunta que, en el caso de haber existido, el valor total de los 291 contratos bajo la lupa de la juez apenas supera los seis millones de euros, pese a que la magistrada ha ordenado embargos por valor de nueve millones, debido a su forma de computar la posible responsabilidad civil de cada imputado.
"Bastantes euros, a la hora de calcular los embargos, se duplican, al achacárseles a más de un investigado", advierte ese letrado cuya identidad no se cita.
El mismo abogado señala, igualmente, que, dado que algunas adjudicaciones sí se han realizado, de forma total o parcial, la cantidad supuestamente malversada nunca sería tan alta y en ningún caso llegaría, siquiera, a dichos seis millones.
Los investigadores, por su parte, han dejado de manifiesto que "se puede afirmar con rotundidad la existencia de una organización criminal que, desde las consejerías adscritas a Coalición por Melilla habrían adjudicado cientos de contratos menores a personas de la propia organización criminal y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra de votos por correo”.