La secretaria judicial en Melilla Raquel Alonso ha asegurado este viernes a El Faro que la primera semana de huelga indefinida en el gremio -en concreto, desde el martes- se ha saldado con un 85 por ciento de seguimiento, ya que 12 personas de 14 han secundado las movilizaciones en la ciudad autónoma.
Por lo que respecta a los juicios afectados, según sus cifras, entre 70 y 75 -contando con las declaraciones penales- se han suspendido esta semana.
Además de ello, Alonso ha detallado que no se han admitido demandas, no se han hecho embargos, no ha habido movientos en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, no se han expedido certificaciones en el registro civil, no se han celebrado subastas y no ha habido ningún trámite de ejecución civil en relación al cumplimiento de sentencias. “Se ha limitado mucho el trabajo de los funcionarios, porque la mayoría de las resoluciones son del secretario judicial”, ha explicado Alonso, quien ha añadido que “las resoluciones del juez, al no haber fe pública, también están muy limitadas y retrasadas”.
Por lo tanto, ha resumido, “prácticamente no ha salido trabajo”.
La secretaria judicial se ha mostrado satisfecha de que “se ha logrado paralizar los procesos”, lo que se ha podido observar durante estos días con los pasillos sin gente. Se ha tratado, pues, de un paro “casi total”, ha manifestado, salvo los servicios esencuales, que son el juzgado de guardia y algunas vistas relacionadas con derechos fundamentales o medidas cautelares.
Pese a que, tal como ha admitido la secretaria judicial, ha habido quejas de los ciudadanos en el Registro Civil y en otros juzgados, la huelga va a continuar, al menos, durante toda la próxima semana, cuando espera que haya también “un seguimiento masivo en Melilla”. De hecho, a tenor de las cifras proporcionadas por Alonso, en la ciudad autónoma ha sido mayor que en el resto del país, cuyo porcentaje ha sido de un 81 por ciento”. Todo ello, ha indicado, “a pesar de que el Ministerio de Justicia está ofreciendo unos datos bastante desajustados a la realidad”.
Alonso ha hecho hincapié en que el colectivo no desea la huelga, porque nadie quiere perder dinero “ni hacer daño a los ciudadanos, por supuesto”. Por el contrario, añadió que prefieren trabajar, “pero con unas condiciones dignas”, por lo que espera que los representantes del Ministerio de Justicia se pongan en contacto con ellos lo antes posible.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido reunión, ni acuerdo, ni acercamiento. “Nada de nada”, ha comcluido Alonso.
Alonso: “No se puede negociar con quien te llama golpista y dice que la huelga es política”
La secretaria judicial Raquel Alonso ha pedido la dimisión o la sustitución del secretario de Estado, Antonio Rodríguez, debido a que, el día antes de que empezara la huelga, hizo unas declaraciones en la que “descalificaba” al colectivo y casi los “insultaba”. “A partir de ahí -dijo-, todo pasa por su cese, porque no se puede insultar a quien hace una huelga”. En este sentido, Alonso ha lamentado que les llamara “golpistas” y que dijera que se trata de “una huelga política contra los ciudadanos”. “No lo entendemos así”, ha expresado la secretaria judicial, quien ha apuntado que “se ha ofrecido todo tipo de acuerdos y los que no descuelgan el teléfono son ellos”. Para Alonso, quien, a pesar de todo, no reclama la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop, “esas descalificaciones están fuera de lugar y no se puede negociar con quien te llama golpista y dice que la huelga es política”. Ese, y no otro -ha incidido-, es el motivo por el que piden el reemplazo del secretario de Estado.
Me entra la risa cuando habla de trabajar con unas "condiciones dignas", un colectivo el de los Letrados de la Administración de justicia, que de media gana en esta ciudad autónoma más de 5.000 euros mensuales. Una huelga que no está amparada por ninguno de los sindicatos representativos, sólo por meras asociaciones profesionales.