Los trabajadores de los centros socioeducativos Acera Negrete y Palmeras, gestionados por la empresa Alvalop en la Ciudad Autónoma de Melilla, cumplen ya 50 días consecutivos en huelga indefinida, una movilización sin precedentes que visibiliza el profundo deterioro de sus condiciones laborales y el abandono institucional que denuncian sufrir desde hace meses.
La situación ha sido denunciada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), que respalda las protestas. Según el sindicato, los empleados no cobran desde mayo de 2025, con la excepción de una única nómina abonada en noviembre, fruto de intensas negociaciones sin resultados duraderos. Desde el inicio de la huelga, el pasado 28 de octubre, el conflicto se ha enquistado sin avances significativos.
A la gravedad del impago se suma un hecho especialmente alarmante, según CCOO: mientras los trabajadores siguen sin cobrar, Alvalop ha mantenido su actividad en licitaciones públicas, resultando adjudicataria de 24 contratos en los últimos seis meses. El volumen total asciende a 2.673.950,22 euros, lo que implica una tasa de éxito del 96 %. La Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla encabeza el listado de organismos contratantes, lo que ha despertado una ola de indignación en la plantilla y en la ciudadanía.
“¿Cómo puede ser que una empresa que declara no tener solvencia ante la Inspección de Trabajo continúe recibiendo contratos públicos?”, plantea el sindicato en su comunicado. CCOO habla abiertamente de una “sensación de impunidad” en torno a Alvalop, y pone el foco en la falta de control y fiscalización en los procesos de contratación pública.
No es la primera vez que se producen movilizaciones por parte de esta plantilla. En septiembre ya hubo jornadas de huelga, con un seguimiento total en varios centros y el apoyo explícito de padres y madres de los menores que asisten a estas ludotecas. Desde entonces, las advertencias han sido claras: la huelga indefinida continuará mientras Alvalop permanezca como adjudicataria del servicio.
Desde el Gobierno local, el presidente Juan José Imbroda ha declarado que la administración está trabajando para resolver la situación y que se han abierto expedientes sancionadores contra la empresa. Sin embargo, los trabajadores denuncian que las medidas adoptadas han sido insuficientes, y reclaman una actuación inmediata y firme por parte de la Ciudad Autónoma.
“Los servicios que presta Alvalop tienen una función educativa y social esencial para muchas familias. No se puede permitir que quienes los gestionan vulneren derechos fundamentales sin consecuencias”, afirman desde CCOO. El sindicato exige que se garantice el cumplimiento de la legislación laboral y que se priorice la protección de los trabajadores por encima de los intereses empresariales.
La huelga, que ya supera el mes y medio, se ha convertido en un símbolo de resistencia y denuncia de las carencias estructurales del sistema de contratación pública. Los trabajadores aseguran que no cesarán en su lucha hasta lograr la regularización de su situación laboral, y advierten que no descartan intensificar las movilizaciones si no se toman decisiones urgentes.
Mientras tanto, las familias afectadas por el cierre de los centros reclaman soluciones que garanticen tanto la continuidad del servicio como el respeto a los derechos laborales del personal. La presión social y sindical aumenta, en una ciudad que observa con creciente preocupación cómo se perpetúa un conflicto que, lejos de resolverse, sigue agravándose cada día.
