El Pleno de la Asamblea le otorgó el servicio durante cuatro años por una cuantía de 6,7 millones de euros ante el rechazo de ambos partidos de la oposición.
La empresa Drace Medioambiente S.A. será la encargada del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, las estaciones de bombeo, de tratamiento terciario, de tratamiento de agua potable, de petratamiento de afinos y de bombeo a pie de presa, pues así lo decidió en la jornada de ayer la Asamblea de Melilla en una sesión plenaria de carácter extraordinario.
No obstante, antes de la aprobación definitiva se vivió un intenso enfrentamiento político entre la oposición y el Gobierno autonómico por la cuantía del contrato, 6.7 millones de euros durante cuatro años, ya que ambos Coalición por Melilla (CpM) y Partido Socialista (PSOE) utilizaron buena parte de sus turnos de palabra para protestar por la manera en la que se ha planteado la gestión del servicio.
Comenzó la bancada socialista por mediación de su máximo dirigente, Dionisio Muñoz, quien apuntó que en un principio la adjudicación salió a concurso por una cifra “considerablemente mayor”, 10,3 millones de euros, y que finalmente se entregó por 3,6 millones menos. Algo que llevó al dirigente del PSOE a sospechar que el servicio se podía ofrecer por menos dinero. “O eso, o es que los de la empresa son tontos”, apuntilló.
De igual modo, protestó ante el hecho de que el anterior contrato fuera más barato que el actual, en concreto de seis millones de euros, por lo que aseguró desconocer qué criterios había seguido el Ejecutivo autonómico en esta ocasión para establecer la cuantía de 10,3 millones como precio de salida.
Por su parte, el líder de los cepemistas, Mustafa Aberchán, se pronunció en similares términos, manifestando su preocupación “al ver que las cantidades de la Ciudad Autónoma para adjudicar contratos siempre van al alza”. Además, apuntó que la decisión “repercutirá negativamente en el bolsillo de los melillenses en forma de tasas”, por lo que conminó al Gobierno local a replantearse el “excesivo gasto” que estaba a punto de aprobar.
Precio y crisis
Tales críticas encontraron respuesta en el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa y en el consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán. El primero defendió la labor de los técnicos del Gobierno a la hora de realizar el pliego de condiciones, mientras que el máximo responsable de Medio Ambiente argumentó que la bajada en el precio de adjudicación se debía a los tiempos de crisis que atraviesa el país entero. Además, el consejero señaló que una de las condiciones a cumplir en el pliego era la de que la empresa mantuviera a la actual plantilla y asumiera el actual convenio colectivo.
Por tanto, la iniciativa vio luz verde con los votos en solitario del grupo popular, ya que tanto la bancada socialista, como la cepemista, se pronunciaron en contra por los motivos que defendieron.
