La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir traspasó el 6 de marzo de 2024 a la Ciudad Autónoma de Melilla la gestión de la Instalación Desalinizadora de Agua de Mar (IDAM), pero el acta de entrega recoge una advertencia relevante: en el momento de la firma, no ha sido posible comprobar el funcionamiento simultáneo de los cuatro bastidores de ósmosis inversa porque la ampliación de la línea eléctrica de media tensión que debía hacer la propia confederación, todavía no se ha ejecutado.
El acta, suscrita por el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez Landa; y el consejero de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, en aquel momento José Ronda, formaliza la cesión del uso, mantenimiento y explotación de la planta, aunque la titularidad de las instalaciones sigue siendo estatal.
El acto se celebró un día después de que representantes de ambas administraciones realizaran una visita técnica conjunta para dejar constancia del estado y funcionamiento de la instalación. La consecuencia práctica de esta carencia es significativa: el traspaso legal definitivo (la llamada mutación demanial interadministrativa) no se hará efectivo hasta que se acredite que la IDAM es capaz de producir 29.490 metros cúbicos diarios de agua, con puntas de hasta 31.657 metros cúbicos, con los cuatro bastidores funcionando a la vez.
El proceso de conversión deberá situarse en torno al 45%, garantizando una salinidad del agua tratada igual o inferior a 400 partes por millón. En la práctica, esto significa que Melilla recibe una instalación que no ha podido ser puesta a pleno rendimiento y cuya capacidad real no podrá verificarse hasta que el Ministerio complete una obra que debería haber formado parte del convenio original.
Si una vez resuelta la conexión eléctrica la planta no alcanza los parámetros exigidos, será el propio Ministerio para la Transición Ecológica quien debe asumir las obras de mejora necesarias. Las obras de ampliación, ejecutadas por la Confederación al amparo del convenio firmado con la Ciudad Autónoma el 1 de junio de 2021, arrancaron el 6 de septiembre de 2020 y concluyeron el 5 de diciembre de 2023, acumulando más de tres años de trabajos.
Tras la recepción formal de las obras, la empresa pública Tragsatec se encargó durante tres meses de la explotación y el mantenimiento de la instalación antes de su entrega definitiva a Melilla.
El acta recoge también una serie de compromisos pendientes que la Confederación Hidrográfica deberá ir cumpliendo a lo largo de 2024. El organismo se obliga a entregar antes de que finalice el año toda la documentación técnica necesaria para operar la planta: planos "as built", manuales de operación, certificados de calidad y garantías de los equipos, actas de puesta en marcha, documentación de calibraciones y acreditación del cumplimiento de la normativa medioambiental, incluidas las condiciones de vertido de salmuera al mar, de seguridad y salud, y de almacenamiento de productos químicos.
En la práctica, Melilla asumió la gestión de una infraestructura clave sin contar con toda esa documentación en su poder. La Ciudad Autónoma, sin embargo, se blindó ante posibles reclamaciones futuras.
El documento recoge expresamente que Melilla no asumirá responsabilidades derivadas de la falta de licencias, permisos o documentación que debieran haber sido obtenidos antes de la fecha de entrega. Una cautela que, en sí misma, da cuenta de las incertidumbres con las que se cerró aquella operación.
Desde el punto de vista técnico, la IDAM es una instalación de considerable envergadura. Ubicada en una parcela de 11.997 metros cuadrados junto a la carretera de Aguadú, cuenta con un edificio principal, una nave de bastidores de 1.208 metros cuadrados, un edificio de bombeo de 605 metros cuadrados y dos torres de toma de agua fondeadas a 500 metros de la costa.
El proceso de potabilización incluye dos etapas de filtración, bombeo de alta presión con recuperación de energía y cuatro bastidores de ósmosis inversa con membranas de alto rechazo de boro. La entrega se produce en un contexto en el que el abastecimiento de agua sigue siendo uno de los asuntos más sensibles para Melilla, ciudad que depende de manera estructural de la desalinización para garantizar el suministro a su población.
Que la instalación llegue a manos de la Ciudad Autónoma sin que su capacidad máxima haya podido ser verificada, y con documentación técnica todavía pendiente, son elementos que el propio documento oficial no oculta y que previsiblemente marcarán la relación entre ambas administraciones en los próximos meses.
Pues, mal hecho, para quién se hizo cargo, en esa situación (En mi tierra, se suele decir, algo así como que es: de tontos), porque ahora tiene que arrear, con los errores, tareas deficientes o acciones incorrecta, realizadas por los que entregan, con los beneficios propios. La firma de aceptación, en esas condiciones, no se le ocurre ni a los de parvularios, ahora que llame a todos, los que les puedan enderezar la cuestión, si es que los hay; ya que aquí en Melilla, es super “URGENTE”, disponer de una “DESALADORA”, para la supervivencia de la población, siendo esta una cuestión, de las que no se debería hacer una rémora, como con la escalera mecánica del mercado central.
BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ. A QUE LO HABÉIS ENTENDIDO ? EL PROBLEMA QUE NO QUIEREN SOLUCIONAR,PARA QUÉ SOLUCIONARLO SI LUEGO NO TENDRÁN EXCUSA PARA PODER ROBAR ?
Los que rigen las Ciudad Autónoma deberían saber firmar documentos e incluir todas las garantías posibles. Tenían muchas ganas de hacerse cargo de una empresa y no tenían ni idea en qué condiciones. Incluso llegaron a prometer "agua mineral". Huno, humo y más humo
Como siempre,la ciudad Autónoma sacudiéndose de las responsabilidades que le son inherentes y proyectandolas sobre otros.Ya no cuela.