El senador del PP por Melilla y excomandante general de la ciudad, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha afirmado que la avalancha migratoria que llevó a decenas de miles de personas hasta la frontera de Ceuta la semana pasada no puede atribuirse únicamente a la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en caliente. En una entrevista con El Debate, el militar sostiene que una movilización de esas dimensiones requiere necesariamente organización, transporte y planificación previos.
"Un grupo de diez o doce personas puede probar si una sentencia se aplica o no, pero 50.000 personas no se ponen de acuerdo para probar una sentencia del Supremo", ha declarado a El Debate. Para Otazu, el fallo judicial pudo influir en el goteo previo de entradas, pero rechaza que sea el origen de una concentración de esas dimensiones.
El excomandante general considera que la presión sobre Ceuta fue posible porque las autoridades marroquíes permitieron durante horas la concentración de miles de personas junto al espigón. A su juicio, esa circunstancia marca la diferencia respecto a Melilla, donde también se han producido intentos de aproximación a la frontera en los últimos días, aunque la Policía marroquí los ha frenado antes de que alcanzaran una magnitud similar.
Aun así, admite que Melilla no estaría a salvo de un episodio parecido si la Policía marroquí tolerase una avalancha comparable, y señala que la configuración física del espigón melillense facilita más el control policial que en Ceuta.
Otazu también discrepa de la interpretación del Gobierno sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Recuerda que el fallo se conocía desde hacía semanas y que, durante ese tiempo, se plantearon iniciativas en el Congreso y en el Senado para modificar la situación, pero el Ejecutivo no actuó hasta que la crisis ya había estallado, cuando decidió instalar una barrera flotante. Considera que el Gobierno descartó estudiar determinadas propuestas solo por proceder del PP, algo que califica de aberración.
El senador defiende que la frontera marítima debe considerarse igual que cualquier otra frontera del Estado y reclama una respuesta más firme frente a Marruecos, al que exige lealtad. Cuestiona además que el Gobierno presente como una concesión extraordinaria la colaboración marroquí en la devolución de parte de los inmigrantes.
Otazu ha hecho referencia también a la enmienda aprobada en el Congreso de Estados Unidos en la que se describía a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España en territorio marroquí, y ha reclamado una reacción inmediata del Gobierno para defender la españolidad de ambas ciudades. Asimismo, ha puesto en duda las declaraciones del ministro José Manuel Albares sobre el retorno de todos los inmigrantes a Marruecos.
