Economía, Empleo y Turismo

La Delegación concede cuatro prórrogas a transfronterizos

Hasta el momento, el Gobierno ha reibido 28 solicitudes, de las cuales dos corresponden a nuevos trabajadores

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado este lunes de que, hasta el momento, 26 trabajadores transfronterizos han pedido la correspondiente prórroga de su situación y se han concedido, por ahora, cuatro. Además, se han producido dos solicitudes nuevas. Según ha afirmado Moh, la mayoría de ellas son trabajadoras del hogar.

La delegada ha apuntado que estas cuatro trabajadoras ahora tendrán que comenzar el procedimiento de petición de visados y que, al número inicial del que se partía de este tipo de trabajadores, habrá que ir sumando todas las concesiones que se otorguen durante este tiempo.

Hace unos días, el pleno del Congreso de los Diputados respaldó la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo. La ratificación salió adelante con 341 votos a favor, ningún rechazo y una abstención.

Este convenio, que el Gobierno remitió a las Cortes hace poco más de dos meses, garantiza que los derechos de las empleadas de hogar disfruten de condiciones equitativas y no menos favorables que las condiciones aplicables al resto de las personas trabajadoras.

Actualmente, las trabajadoras domésticas, enmarcadas en un régimen específico de la Seguridad Social, no tienen derecho a prestación por desempleo, algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó recientemente discriminatorio.

Desde los grupos parlamentarios se felicitaron por esta ratificación y pidieron el desarrollo reglamentario necesario para garantizar su cumplimiento.

Según Moh, se trata de “una de las cuestiones fundamentales para dignificar y mejorar el trabajo, con unos sueldos acordes”. Para la Delegación es, según ha afirmado, una “noticia positiva” que acoge “con satisfacción”, pero ello no quita para que desde el Gobierno –y la Delegación, vistas las “características particulares” del colectivo en la ciudad autónoma- vayan a continuar con sus tareas “para dignificar el trabajo de estas personas”.

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