La Delegación del Gobierno en Melilla ha respondido al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, tras sus declaraciones en relación con la vivienda número 48 del Cerro de Palma Santa, cuya demolición está prevista por orden judicial. La familia afectada continúa luchando por evitar el derribo de su hogar, mientras desde la Delegación se ha señalado directamente al Ejecutivo local como responsable de no haber ofrecido hasta ahora una solución habitacional.
Las declaraciones se producen después de que el presidente Imbroda pidiera públicamente al Gobierno central que interviniera para detener la demolición, en virtud de la Ley de Defensa Nacional. El presidente argumentó que el inmueble se encuentra en una zona militar, por lo que —según afirmó— la responsabilidad última recae sobre el Estado.
Desde la Delegación del Gobierno se ha expresado “cariño y apoyo” a la familia afectada, al tiempo que se ha criticado lo que consideran una actitud de inacción por parte del Gobierno de Imbroda. “Si yo fuera presidenta de la Ciudad Autónoma, esta familia ya tendría un recurso habitacional, una solución”, se afirmó, cuestionando también la “falta de empatía” del Ejecutivo local.
La institución recordó que existe una sentencia judicial de 2016 que ordena el derribo de la vivienda. “Si tanto le preocupaba esa Ley de Defensa Nacional en 2016, habrá que recordarle que entonces el senador Otazu era comandante general, Imbroda era presidente y senador por Melilla, y Rajoy gobernaba el país. Y nadie hizo nada”, señalan.
La Delegación acusa al presidente de la Ciudad Autónoma de recurrir sistemáticamente a culpar al Gobierno central en lugar de asumir responsabilidades propias. “Será el presidente de paja, porque nunca tienen competencia en nada, nunca tienen responsabilidad en nada”, declararon. Asimismo, instan a la Ciudad Autónoma a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para ofrecer una alternativa habitacional a esta familia, especialmente por su situación de vulnerabilidad.
La familia afectada, según recogía El Faro de Melilla en días anteriores, ha tratado de detener el procedimiento judicial que ordena la demolición del inmueble, situado en una zona calificada como dominio público de Defensa. La situación ha generado una creciente preocupación social, ya que se trata de una vivienda habitada y construida hace más de veinte años, donde residen miembros de una misma unidad familiar.
Por su parte, el presidente Imbroda había insistido previamente en que “la pelota está en el tejado del Gobierno de España”, alegando que la ejecución de la sentencia se realiza a petición del Ministerio de Defensa, titular de los terrenos. También señaló que, dada la situación, es el Estado quien debe suspender el procedimiento.
La respuesta de la Delegación del Gobierno añade ahora un nuevo capítulo a esta controversia, subrayando la responsabilidad del Gobierno local en ofrecer alternativas y proteger a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad habitacional.
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