Mientras evitará repercutir en las economías más modestas la adecuación entre el coste del servicio y el pago exigible al ciudadano. La Ciudad Autónoma penalizará el despilfarro del agua en la nueva subida de tasas por consumo del suministro público que posiblemente entrará en aplicación con los Presupuestos Generales de la Administración melillense para 2012.
Aunque por ahora no se han dado más detalles al respecto, el presidente Imbroda, en declaraciones ayer a RNE, sí dejó claro que Melilla seguirá como hasta ahora sin repercutir el cien por cien del coste del servicio en la ciudadanía.
La primera autoridad local recordó que la UE tiene dictada una directiva por la que exige que el coste de todo servicio público sea convenientemente sufragado por los ciudadanos. No obstante, señaló que en Melilla esto no se aplica y que en realidad se pagan unas tasas que están “muy por debajo de lo que cuesta realmente el servicio”, mucho más caro desde que la producción de agua potable se hace en gran parte mediante el sistema de desalinización.
Juan José Imbroda recordó además que existen descuentos especiales para familias con menos recursos, pensionistas y tercera edad y que, cualquier subida futura, “se hará de manera muy digerible” para evitar gravitar el coste del servicio “en las personas menos pudientes” y “penalizar” tan sólo “el gran consumo”.
Por tal motivo, resumió que las futuras subidas irán encaminadas a “penalizar el despilfarro”.
Para Melilla, el agua potable es un bien escaso que, mediante la desalinizadora, se obtiene hoy por hoy casi al cien por cien de nuestras necesidades, aunque un 30% del agua de la red sigue siendo captada de los acuíferos de la ciudad. Sin embargo, el mayor coste que se deriva de la desalinización exige de ayudas estatales como las que venían recibiendo para tal fin Melilla y Ceuta con cargo a los fondos del Estado, por un montante aproximado a los 4 millones de euros. Esto fue así hasta que en los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2011 el Gobierno Zapatero decidió unilateralmente suprimir la partida, mientras acordó mantenerla para la comunidad canaria, con carácter indefinido y por una cuantía de 10 millones de euros. De ahí, que entre los quince puntos fundamentales que de manera común constituyen las reivindicaciones comunes de Melilla y Ceuta ante el Estado, se incluya igualmente la petición de conseguir de nuevo la partida destinada a cofinanciar el coste de la producción del agua potable en nuestras dos ciudades.
