La situación de la planta desalinizadora de agua de mar (IDAM) de Melilla volvió este jueves al centro del debate institucional tras la comparecencia en rueda de prensa del consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura. El consejero de Medio Ambiente detalló el contenido de varios informes técnicos y auditorías que, según afirmó, evidencian que la instalación fue recibida por la Ciudad Autónoma en marzo de 2024 con importantes deficiencias técnicas, sin la documentación necesaria para su legalización y con una parte esencial de la ampliación sin estar plenamente operativa.
Ventura explicó que toda la documentación ha sido remitida previamente a los medios de comunicación, incluidos el acta de entrega de la planta, dos auditorías técnicas y un informe posterior elaborado por la propia Ciudad Autónoma en el que se cuantifican las actuaciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas. El objetivo de su comparecencia, según indicó, fue responder a las acusaciones vertidas en el último pleno de control por representantes del Partido Socialista, que sostuvieron que la planta se había recibido en perfecto estado y que el Gobierno local estaba eludiendo responsabilidades.
El acta de entrega y las auditorías incluidas en el proceso
El consejero recordó que la entrega de la desalinizadora se formalizó el 24 de marzo de 2024 mediante un acta firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; un representante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); y el entonces consejero de Medio Ambiente, José Ronda. En ese documento, explicó Ventura, se establecía expresamente la posibilidad de realizar dos auditorías técnicas una vez que los servicios técnicos accedieran a la planta.
Una de esas auditorías fue elaborada por Sacyr Agua, empresa encargada de la explotación y mantenimiento de la instalación a partir de ese momento. La segunda fue realizada por una entidad externa, Boureau Veritas, e incluye, según el consejero, abundante material gráfico y un análisis detallado del estado de la planta en el momento de la entrega.
Además, Ventura señaló que existe un cuarto documento elaborado posteriormente por la Ciudad Autónoma, en el que se recogen las deficiencias que, transcurrido el plazo fijado en el acta, no habían sido subsanadas por la Administración General del Estado. Ese informe fue entregado personalmente al secretario de Estado por el propio consejero y por el director general de Recursos Hídricos, junto con una valoración económica de las actuaciones necesarias para poner la planta en condiciones adecuadas de funcionamiento.
La titularidad estatal
Uno de los puntos que el consejero quiso subrayar fue la titularidad de la desalinizadora. Según recordó, la IDAM es una instalación crítica que pertenece al Estado y cuya explotación y mantenimiento han sido cedidos a la Ciudad Autónoma mediante un convenio firmado el 1 de junio de 2021. Ese acuerdo establecía que la asunción de la gestión por parte de Melilla se produciría una vez finalizadas las obras de adecuación y ampliación previstas.
Ventura insistió en que la planta “no ha sido donada” a la Ciudad Autónoma y que las responsabilidades del Gobierno local se limitan a su explotación y mantenimiento, no a la corrección de vicios ocultos derivados de la ejecución de las obras. En este sentido, afirmó que el acta de entrega contempla expresamente que, hasta que no se completaran determinadas actuaciones, como la puesta en servicio de la nueva línea eléctrica y el correcto funcionamiento de los cuatro bastidores, la Ciudad no asumiría la responsabilidad plena de la instalación.
Deficiencias generales
Durante la rueda de prensa, el consejero desgranó parte del contenido de la auditoría realizada por Sacyr Agua en febrero de 2024, centrada en las áreas de operación y mantenimiento. Según ese informe, se detectaron deficiencias importantes en gran parte de la instalación, destacando el avanzado estado de corrosión de equipos y valvulería, fugas y oxidaciones generalizadas en los tubos de presión de los bastidores de ósmosis inversa y la ausencia de soportaciones adecuadas en diversas zonas.
El documento también señala la inexistencia de registros de mantenimiento, la falta de un sistema GMAO (Gestor de Mantenimiento Asistido por Ordenador) y la ausencia de procedimientos documentados que permitan evaluar la magnitud real de la degradación de algunos activos críticos. Según el consejero, la disponibilidad de la planta se ha mantenido “a costa de no ejecutar planes de mantenimiento y de comprometer el nivel de conservación de la instalación”.
En el ámbito de la operación, la auditoría concluye que la planta no alcanza la calidad de agua de diseño debido a que el sistema de remineralización no se encuentra operativo, y que los procesos son poco eficientes desde el punto de vista energético. También se señala la carencia de equipos fundamentales y la falta de información histórica digitalizada que permita una gestión optimizada.
Seguridad, salud y medio ambiente
Otro de los aspectos destacados por Ventura fue la situación en materia de seguridad y salud laboral. La auditoría detectó deficiencias relevantes en zonas consideradas peligrosas, como el almacenamiento de productos químicos sin cubetos de seguridad, escaleras y plataformas con un alto grado de corrosión y la inexistencia de protecciones en la zona de alta presión.
Asimismo, se constató la ausencia de un sistema de detección de incendios y la falta de documentación relacionada con la legalización de la planta y la seguridad de los trabajadores. Según el consejero, a día de hoy no se ha recibido ningún documento por parte de la Confederación Hidrográfica, el Ministerio para la Transición Ecológica ni la Administración General del Estado que permita regularizar la situación administrativa de la instalación.
En el ámbito medioambiental, los informes apuntan a la falta de control del vertido de rechazo al mar y a la ausencia total de certificaciones en la planta, cuestiones que, según Ventura, deberían haberse resuelto antes de la entrega de la instalación para su explotación.
El incidente del bastidor número 4
Uno de los elementos centrales de la comparecencia fue el incidente ocurrido el 31 de enero de 2025 en el bastidor número 4, correspondiente a la nueva línea de la planta. Ese día, a las 20.06 horas, se produjo la rotura de un tubo de presión que provocó daños importantes en el módulo, aunque, según subrayó el consejero, no hubo daños personales.
Ventura recordó que ese cuarto bastidor no estaba operativo en el momento de la entrega en marzo de 2024 debido a la avería de una bomba de alta presión, que fue retirada por la UTE encargada de las obras para su reparación. Una vez reinstalada la bomba, se detectaron fugas significativas en el bastidor, lo que dio lugar a reclamaciones a la empresa responsable, Acualia-Arpo, que concluyeron con actuaciones correctoras en octubre de 2024.
Sin embargo, apenas tres meses después, se produjo el incidente que dejó el bastidor completamente inoperativo. Tras la inspección realizada en mayo de 2025 por técnicos del fabricante, un informe emitido en junio concluyó que más de la mitad de los elementos del módulo habían sido montados fuera de las tolerancias admisibles. Actualmente, parte de los componentes están pendientes de ser enviados a los talleres del fabricante para su análisis, mientras el bastidor continúa parado trece meses después del suceso.
Reuniones de seguimiento
El consejero detalló que desde la entrega de la planta se han celebrado numerosas reuniones de seguimiento del convenio, en las que han participado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Dirección General de Recursos Hídricos. Estas reuniones tuvieron lugar, entre otras fechas, en mayo, julio y septiembre de 2024, diciembre de 2024 y julio de 2025.
De esas reuniones, según Ventura, se desprende que la planta no alcanza la capacidad de diseño ni la calidad garantizada, que persisten deficiencias estructurales, eléctricas y mecánicas, y que no se han completado las legalizaciones reglamentarias. Además, afirmó que la Confederación ha manifestado su negativa a continuar con las actuaciones de subsanación recogidas en el acta de entrega y en las auditorías.
Peticiones formales
La Ciudad Autónoma, explicó el consejero, ha reclamado de forma reiterada el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio y la Confederación. Entre esas peticiones figura la aportación de seis millones de euros, cuantía mínima estimada para acometer las reparaciones necesarias y mejorar las condiciones de la planta, que cuenta con casi veinte años de antigüedad.
También se han remitido comunicaciones sobre el incidente del bastidor número 4 y sobre la necesidad de valorar su reparación o reposición. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, envió además un escrito a la ministra para la Transición Ecológica el 11 de marzo de 2025 trasladando la situación descrita en los informes técnicos. Según Ventura, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio.
Ventura defendió que los informes técnicos acreditan la existencia de deficiencias previas a la entrega y de incumplimientos por parte de la Administración General del Estado, y recalcó que la titularidad de la instalación sigue siendo estatal.
En este contexto, el responsable de Medio Ambiente sostuvo que la documentación entregada a los medios permite conocer “el estado real” de la planta cuando comenzó su explotación por parte de la Ciudad y la situación en la que continúa actualmente, a la espera de que se resuelvan las actuaciones pendientes y se clarifique el reparto de responsabilidades entre las administraciones implicadas.
