La Ciudad Autónoma de Melilla ha aprobado la contratación de servicios de investigación externa para controlar posibles casos de uso indebido de las bajas laborales entre los empleados públicos. Así lo anunció este viernes la portavoz del Consejo de Gobierno, Fadela Mohatar.
Esta medida, publicada ya en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), se suma a otras cuestiones de actualidad abordadas o mencionadas durante la comparecencia, como la aprobación del anteproyecto de presupuestos para 2026 o la reciente sentencia relacionada con el Plan de Empleo.
Sobre el pliego de condiciones publicado para contratar el servicio de detectives, Mohatar explicó que no se trata de una iniciativa excepcional, sino de una práctica que también se lleva a cabo en otras administraciones públicas del país. Según dijo, no debe interpretarse como una medida inquisitorial, sino como un recurso dirigido exclusivamente a atender casos puntuales en los que existan indicios fundados de que se está haciendo un mal uso del derecho a la baja médica. El contrato establece una cuantía de 500 euros por jornada de ocho horas de investigación realizada.
La portavoz insistió en que este tipo de actuaciones no van dirigidas a la totalidad de los empleados públicos, sino que se reservarán para situaciones excepcionales y concretas. Recalcó que el objetivo es garantizar la protección de los trabajadores que ejercen de manera legítima y responsable sus derechos laborales. En sus palabras, la medida busca que “los empleados públicos que de buena fe hacen uso correcto de sus derechos no se vean perjudicados por posibles malas prácticas de unos pocos”.
Además, Mohatar aclaró que no se trata de una investigación que se inicie de manera automática, sino que el procedimiento dependerá de los términos concretos del pliego de condiciones, que regirá tanto la adjudicación del contrato como su posterior ejecución. Por el momento, el contrato está en fase de licitación y se abre ahora el proceso para que puedan concurrir empresas interesadas en prestar este tipo de servicios de vigilancia.
Presupuestos 2026
En otro orden de cosas, Mohatar confirmó también que el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 19 de noviembre aprobó el anteproyecto de presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2026. El documento fue publicado en el BOME de ese mismo día y supone el punto de partida para el trámite parlamentario que debe llevar a su aprobación final por la Asamblea antes de que finalice el presente año.
La portavoz no ofreció detalles sobre el contenido del anteproyecto, aunque sí avanzó que será el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, quien ofrecerá el próximo lunes una rueda de prensa específica para desgranar las principales partidas y objetivos del documento.
Este anteproyecto da continuidad a un proceso de planificación que comenzó semanas atrás con reuniones técnicas entre áreas del Gobierno y responsables económicos, tal como ya adelantó El Faro de Melilla. En esas reuniones se abordaron cuestiones como el techo de gasto, la previsión de ingresos, el impacto de los fondos europeos y la orientación general del gasto público en áreas sociales, económicas y estructurales.
En el tramo final de su intervención, Mohatar fue preguntada por la reciente sentencia judicial que ha dado la razón a un trabajador relacionado con el Plan de Empleo. Sin embargo, explicó que el tema no fue abordado en la reunión del último Consejo de Gobierno, que definió como una sesión “de puro trámite”. Pese a ello, reconoció que el asunto está presente en el debate público, y podría formar parte de futuras deliberaciones, ya que la resolución podría sentar precedente para otras reclamaciones laborales.
