La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, se reunió con los representantes de la Confederación General del trabajo (CGT) Kamal M. A. y Ahmed A. A. para tratar, entre otros puntos, para abordar la situación de los planes de empleo y la necesidad de incrementar el número de beneficiarios, según ha informado el sindicato.
Durante la reunión, también se exploró la posibilidad de resolver fuera del juzgado de Lo Social número 1 las indemnizaciones por vulneración de derecho fundamental derivadas de la sentencia favorable a la CGT en relación a la igualdad salarial y la no discriminación a los trabajadores de los planes de empleo. En este sentido, el sindicato considera positivo que la Delegación no vaya a recurrir la sentencia, que dice que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”. La CGT piensa que, entre otros beneficios, ello ayudaría a “desatascar el juzgado de Lo Social número 1, actualmente colapsado”.
En cualquier caso, para la CGT, fueron positivas la "cordialidad" y la disposición a alcanzar acuerdos por parte de la delegada del Gobierno.
Educación
En cuanto a los baremos de las bolsas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD), los representantes de los trabajadores pidieron que se tenga en cuenta la experiencia profesional de los planes de empleo, ya que “esa puntuación ayudaría a obtener mejores resultados”. De la misma forma, también en este campo la CGT solicita más contrataciones en función del nivel educativo y las ratios.
Movilización
Por otra parte, respecto a los planes de empleo de la Ciudad Autónoma, asimismo judicializados, el sindicato le pide al presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, que “deje de hacerse el sueco” en relación a los afectados que han percibido menor salario que el que les correspondía.
Según la CGT, “a esos miles de personas se les está acabando la paciencia” y se les están dando motivos para “salir a la calle”. “Imbroda nos está obligando a que sean los juzgados los que ejecuten las sentencias para que puedan ser indemnizados por el daño que han sufrido y reciban la diferencia salarial que les pertenece y no se quede en los bolsillos de la Ciudad Autónoma del PP”, concluye el sindicato.
