La Confederación General del Trabajo (CGT) se congratula de que la Ciudad Autónoma de Melilla haya sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sala de lo Social de Málaga, en el recurso del presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, contra la sentencia que anula “el acuerdo de la vergüenza que avalaba la discriminación por ser persona contratada de los planes de empleo”.
Para el sindicato, la sentencia supone “un nuevo varapalo judicial para quienes, haciendo equipo ‘mortis’, suscribieron en el convenio colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma la diferencia de trato y retribuciones hacia las personas contratadas a través de los planes de empleo, como ratifica “plenamente” la sentencia del juzgado de lo Social de Melilla
La sentencia 1720/24, sobre recurso de la Ciudad 1711/24, da, según la CGT, un “zasca completo” al desestimar todos de los motivos de recurso de la Ciudad y condenarle en costas que deberá abonar a Autonomía Sur, cooperativa que asume la asesoría jurídica de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla.
Aunque la sentencia admite recurso ante el Tribunal Supremo, la CGT confía en que “Imbroda cumpla alguna vez su palabra y en esta ocasión no recurra, en concordancia con lo anunciado públicamente antes de formalizar el recurso que ahora recibe una rotunda censura jurídica”.
El sindicato confía en que la sentencia ponga fin a una situación “que se ha venido repitiendo impunemente desde 2012 hasta nuestros días y que ha dado pie pie a muchos años de abusos y discriminación a personas sin empleo, en su mayoría mujeres”.
“Desde CGT lamentamos la actuación dilatoria de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta el momento para no hacer justicia con personas desfavorecidas que dependen de unos meses de contrato para sobrevivir todo el año y confiamos que Imbroda en esta ocasión cumpla y no recurra ante el Supremo con la única intención de demorar las compensaciones económicas que corresponde a las miles de personas afectadas desde 2012 y en claro perjuicio para las maltrechas economías familiares de las personas afectadas en los últimos 13 años, víctimas de un acuerdo innombrable y vergonzoso entre la CAM y sus socios sindicales, UGT, CCOO y CSIF”, apunta el sindicato en una nota de prensa.
Para la CGT, que continúa exigiendo justicia social para la población melillense con los medios legales a su alcance, “los hechos son los que avalan las palabras”.
La organización sindical reta públicamente a Imbroda a pronunciarse sobre si recurrirá al Tribunal Supremo o no. “Si no lo hiciese, alegraría este fin de año a cientos de familias que han reclamado lo que les corresponde y verían compensadas las diferencias económicas que han venido dejando de percibir durante años”, manifiesta la CGT, que añade que, si recurre, “su popularidad va a seguir cayendo ante la demostración evidente de que no está por y para las necesidades de la sociedad melillense”.
“Por fin la vida del nefasto acuerdo discriminatorio entre UGT, CCOO y CSIF y la Ciudad Autónoma está cada vez más cerca de tener el certificado de defunción en beneficio de la clase trabajadora melillense y en la CGT nos felicitamos por haber contribuido a ello”, concluye.
