La Confederación General del Trabajo (CGT) ha insistido en la obligación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de garantizar en Melilla el proceso de acreditación y evaluación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o mediante vías no formales de formación. La denuncia ha sido formulada por el secretario general del sindicato en la ciudad, Abderrahman El Fahsi, en un escrito dirigido a la ministra Milagros Tolón Jaime con fecha 3 de febrero de 2026.
Según expone la CGT, la falta de actuación del Ministerio y de la Dirección Provincial de Educación está afectando directamente a personas desempleadas y a trabajadores que, pese a contar con años de experiencia profesional, no pueden ejercer su oficio o mejorar su situación laboral por no disponer de un reconocimiento oficial de sus competencias. El sindicato considera que esta situación supone un abandono institucional de un sector especialmente vulnerable de la población melillense.
El Fahsi detalla que la organización sindical solicitó reuniones tanto con la directora provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, como con la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio, sin haber recibido respuesta. Estas peticiones se realizaron inicialmente a mediados del mes de julio y fueron reiteradas a principios de octubre ante la falta de contestación por parte de los responsables educativos en la ciudad.
Ante la ausencia de información directa, la CGT recurrió al Portal de Transparencia para solicitar datos sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección Provincial en materia de acreditación de competencias profesionales. En concreto, el sindicato pidió conocer el plan estratégico anual destinado a promover este procedimiento, que debe elaborarse en coordinación con organizaciones empresariales y sindicales representativas, con el objetivo de que al menos el 80% de la población activa cuente con sus competencias acreditadas, tal y como establece la normativa vigente.
Tras una ampliación del plazo de respuesta a dos meses, la CGT concluye que ni los responsables de la Dirección Provincial ni los diez docentes liberados para la gestión de la evaluación y acreditación de competencias profesionales están desempeñando adecuadamente sus funciones. Según los datos facilitados, desde la actualización del procedimiento en 2021 hasta 2025 solo se han gestionado 47 solicitudes y se han acreditado 21 unidades de competencia, quedando además varios expedientes pendientes de respuesta.
El sindicato cuestiona el uso de los recursos humanos destinados a este proceso y señala que se desconoce el criterio seguido para la selección de los diez docentes liberados, al no haberse ofrecido explicaciones al respecto. A juicio de la CGT, si estos profesionales estuvieran desempeñando su labor docente en los centros educativos, podrían contribuir a mejorar el sistema educativo de la ciudad, en lugar de permanecer asignados a una función que, según sostienen, no se está ejecutando de manera efectiva.
Otro de los aspectos denunciados es la falta de información sobre las unidades de competencia que pueden acreditarse en Melilla. Aunque en los últimos años se han autorizado nuevos ciclos formativos, la CGT afirma que no consta si las unidades publicadas están actualizadas. Asimismo, critica que la relación de asesores y evaluadores publicada en la web oficial no se haya renovado desde 2022, pese a que la normativa obliga a actualizar estos listados de forma semestral.
El sindicato también pone el foco en la escasa participación del sector productivo en el proceso de acreditación. Según expone, la mayoría de las personas autorizadas para asesorar y evaluar pertenecen al ámbito docente, a pesar de que la normativa permite que profesionales de empresa desempeñen estas funciones tras recibir la formación correspondiente, formación que no se ha convocado en Melilla.
Finalmente, la CGT sostiene que esta situación agrava una doble deuda histórica con parte de la población melillense, a la que en su momento se le negó el acceso a la educación formal y a la que ahora se le impide el reconocimiento de sus competencias profesionales. Por ello, el sindicato reclama la intervención del Ministerio para evaluar el funcionamiento real de la Dirección Provincial y adoptar medidas que garanticen una administración educativa eficaz y en igualdad de condiciones con el resto del territorio nacional.
