Sin embargo, se muestra de acuerdo y apoya el proceso de reforma constitucional. La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) lamentó ayer, a través de un comunicado, que no se incluyan modificaciones relativas a la contratación a tiempo parcial en el proyecto del Real Decreto de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, estabilidad en el empleo y mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
Según la entidad, “con estas medidas no se va en la dirección adecuada para la recuperación de la actividad económica y del empleo.
Además, indican que la decisión del Gobierno supone “una oportunidad perdida en la flexibilización de este contrato, cuya utilización está al menos 5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de nuestro entorno”.
Respecto a la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje, consideran que se aleja mucho del modelo alemán y de la formación dual e “introduce rigideces que van a dificultar su utilización por las empresas”.
También hace mención en su escrito la CEME del Fondo de Capitalización, sobre el que aseguran que “no se entiende retrasar hasta una fecha tan tardía como el primer semestre de 2013 para que se abra un proceso de negociación con los agentes sociales con el fin de crear el mencionado Fondo. Si realmente se quiere poner en marcha debe adelantarse al primer semestre de 2012”.
También censuran que se elimine el pago del Fogasa al empresario cuando el despido sea improcedente y califican de “innecesaria y ajena de función y racionalidad”, la integración de este fondo en el Servicio Público Estatal de Empleo.
Por otro lado, al igual que lo hicieran CEOE y Cepyme, la Confederación de Empresarios de Melilla quiere expresar su completo apoyo al proceso de reforma constitucional que se está negociando en estos días entre las principales fuerzas polóticas españolas. “El objeto es introducir los principios de estabilidad presupuestaria y control del endeudamiento en nuestra Carta Magna, y de esta forma garantizar una permanente situación de solvencia en las cuentas públicas españolas”.
