Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación nacen en España a finales del siglo XIX como forma de representar los intereses generales de las empresas. Su primera regulación jurídica data del año 1886 y definía un modelo cameral continental basado en la obligada adscripción de las personas que ejerzan actividades empresariales y en la obligatoriedad en el pago de cuotas.
Este sistema es el que se había mantenido hasta la Ley 3/1993, de 22 de marzo, fruto de su adecuación a nuestro Estado autonómico y pertenencia a la Unión Europea. A raíz de esta Ley se modificó su título competencial añadiendo los Servicios a los tres sectores iniciales y mantiene la adscripción de todas las empresas a las Cámaras sin que de ello se derive obligación económica alguna.
A raíz de esta falta de recursos obligatorios para los empresarios, la Cámara de Comercio de Melilla se vio obligada a su disolución aunque creo que sigue pendiente su liquidación. Han pasado años -demasiados- y no se ha acabado el proceso y esto, al parecer, es el motivo de no poder reactivar o crear una nueva Cámara en Melilla, Sin embargo, el art. 37.4 de Ley 4/2014, de 1 de abril, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación establece que “En el caso de extinción, la administración de tutela adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas físicas y jurídicas adscritas definidas en el artículo 7.1 de esta Ley reciban los servicios propios de las Cámaras”
Al no estar contemplada esta tutela en nuestro Estatuto de Ciudad Autónoma, la misma corresponde a la Administración General del Estado (AGE). Y añade: “Para ello, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España podrá tener delegaciones en los territorios correspondientes”. Sin embargo, entre el poco interés mostrado por la clase empresarial melillense y la inacción de la AGE, desde 2016 los empresarios no recibimos los servicios propios de las Cámaras a los que tenemos derecho -al igual que el resto de españoles- tal y como establece la Ley.
Tras varios intentos realizados personalmente por mí como presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, a través de algunas Cámaras de Comercio andaluzas -en concreto, la del Campo de Gibraltar y la de Jerez- y con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y, posteriormente por la CEME y la reciente iniciativa del actual Gobierno de la Ciudad parece que tenemos una oportunidad de poder volver a tener una nueva Cámara o, al menos, una Delegación de Cámara España en la Ciudad. Personalmente, conociendo la escasa implicación de la clase empresarial de nuestra Ciudad en el asociacionismo y la dificultad de gestionar bien los fondos que pueden llegar a la Cámara para hacerla viable y ofrecer sus servicios, me inclino por que sea Cámara de España la que tutele, lidere y gestione, al menos en los primeros años, esa Delegación.
La primera función de una Cámara es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las actividades indicadas. Que Melilla necesita una Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación está fuera de toda duda. No es la solución a nuestros problemas pero sí es un magnífico medio para intentar solucionarlos, máxime si estamos tutelados por la AGE como establece la legislación al respecto.
El elevado coste de los transportes de mercancías y pasajeros, el flujo de mercancías a través de la aduana comercial y el régimen de viajeros, las inversiones en mejorar las capacidades del ‘capital humano’ (fundamentalmente, nuestros jóvenes con un brutal índice de paro), el ampliar el ‘capital natural’ (falta de terrenos para los nuevos proyectos de la Ciudad) y volver a tener seguridad jurídica en nuestras ventajas fiscales dependen de ‘Madrid’ y desde la Cámara se pueden y deben proponer soluciones a todos ellos pues según el art. 5.2 de la Ley de Cámaras le corresponde “a) Proponer a las Administraciones Públicas cuantas reformas o medidas consideren necesarias o convenientes para el fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación.”
Por cierto, la Disposición Final Segunda de nuestro Estatuto de Ciudad Autónoma establece que “mediante ley del Estado se actualizará y garantizará las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Melilla” y, por desgracia, en estos casi 30 años de existencia no se ha llevado a efecto tal mandato y ya hemos visto lo que este Gobierno social-comunista ha hecho con la bonificación del 50% en las cuotas de la seguridad social. Pienso que ya ha llegado la hora de tener una nueva Ley Orgánica que sustituya a la de Ley de Bases de 1.955 y se adapte a la realidad actual, garantizando y mejorando nuestras peculiaridades económico-fiscales existentes. Dado que Melilla tiene reconocida la iniciativa legislativa en el art. 12 del Estatuto no sé a qué estamos esperando para accionar la propuesta.
Es muy de agradecer la voluntad mostrada por el actual Gobierno de la Ciudad pero se necesita la voluntad y el compromiso de los empresarios para que, formando parte de la Cámara todos los empresarios, salgamos de nuestro aletargamiento, nos pongamos las pilas y -sin buscar réditos personales de ningún tipo- colaboremos todos unidos sacar adelante a esta Ciudad.
La Cámara es una corporación de derecho pública sin que ello suponga freno ni perjuicio de la asociación empresarial, de las facultades de representación de los intereses de los empresarios que asuman este tipo de asociaciones y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan. Por tanto, la Cámara no es competencia de las Asociaciones, Confederaciones o Federaciones existentes y su coexistencia es pacífica en toda España. Aquí también debería ser así.
Ya sé que es difícil volver a ‘resucitar’ la Cámara que se creó en Melilla allá por 1906, pero tenemos una oportunidad y no debemos desaprovecharla.
