La exconsejera de Hacienda del Gobierno anterior y actual diputada por CpM en la Asamblea, Dunia Almansouri, deberá seguir en prisión provisional despues de que la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla haya rechazado el recurso de apelación presentado por su abogado en la causa de la operación Santiago-Rusadir. El auto de prisión, dictado inicialmente el 5 de marzo pasado, fue ratificado diez días después y ahora es avalado, además, por la Audiencia.
Otros compañeros de Dunia Almansouri que también se encuentran en prisión provisional, como son Rachid Bussian y Hassan Mohatar, todavía no conocen el resultado de sus respectivos recursos, según manifestó a El Faro la abogada de Bussian, Bárbara Royo esta misma noche. Ésta indicó que sigue a la espera de saber qué decisión adopta la Audiencia sobre si su cliente queda o no en libertad.
Tampoco se sabe si Mustafa Aberchán, actualmente en una cárcel de Santander, y el que fuera titular de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, en la misma situación pero en Granada, han presentado o no estos recursos. En cualquier caso, ambos continúan también en prisión preventiva comunicada y sin fianza, tal y como estableció en su día la titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.
Todos ellos están relacionados con la llamada operación Santiago-Rusadir, una de las piezas que investiga dicho juzgado relacionada con el presunto fraude en la contratación menor de las consejerías que gestionó CpM durante la pasada legislatura. Los investigadores sospechan que se creó toda una organización criminal para utilizar dinero público en la compra del voto por correo para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.
Estos investigadores entienden que los consejeros cepemistas utilizaban la contratación menor de la Ciudad Autónoma como una forma de pagar a empresarios afines al partido que, a su vez, ponían sobre la mesa parte de ese dinero para el tema del voto por correo. Tan es así que incluso manifiestan que los recursos obtenidos por esa vía en la primera parte de la legislatura fue para abonar las deudas contraídas con esos mismos empresarios, que supuestamente habrían financiado la compra de votos en las elecciones de 2019 y, en consecuencia, se les debían ciertas cantidades.
La segunda parte de la legislatura, siempre de acuerdo con los investigadores de la Policía Nacional y puesto negro sobre blanco en los atestados enviados a la juez, habría servido, a su vez, para reunir el dinero con el que sufragar la compra de voto en las elecciones de mayo de 2023. Se calculan que serían alrededor de 10.000 votos con los que CpM se garantizaba obtener la mayoría absoluta en la Asamblea melillense.
Si hubiera coincido en el talego con " la Pantoja" , podían haber formado un buen tandem.