El Ministerio de Defensa ha oficializado el cambio de denominación de la unidad de La Legión conocida como “Bandera Comandante Franco” por la de “Bandera España”, después de que la Audiencia Nacional avalara la decisión en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. La resolución, que pone fin al procedimiento iniciado en 2022 por el departamento que dirige Margarita Robles, da respaldo legal a una medida orientada a eliminar referencias al franquismo dentro de las Fuerzas Armadas.
La unidad afectada forma parte del Tercio “Gran Capitán” I de La Legión, con base en Melilla. Hasta ahora, llevaba el nombre de “Comandante Franco” en honor a Francisco Franco Bahamonde, el dictador que lideró el golpe de Estado de 1936, desencadenó la Guerra Civil y gobernó España durante casi cuarenta años bajo un régimen autoritario. La sentencia considera que esta referencia constituye una exaltación del franquismo, por lo que su mantenimiento contraviene la legislación vigente.
El fallo judicial se conoce después de que la Fundación Nacional Francisco Franco presentara un recurso solicitando la paralización del cambio de nombre y la conservación de la denominación anterior. No obstante, la Audiencia Nacional ha desestimado los argumentos de la entidad, al entender que la denominación aludía a una figura central del régimen dictatorial y, por tanto, no cumple con los principios de neutralidad exigidos por la Ley de Memoria Democrática.
En su razonamiento, el tribunal recuerda que la ley obliga a la retirada de símbolos, nombres y elementos que supongan una exaltación del alzamiento militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista. En este contexto, se considera adecuado que el Ministerio de Defensa haya procedido a eliminar una denominación que, según argumenta la sentencia, representa un vestigio del pasado que “no resulta compatible con los valores constitucionales actuales”.
La nueva denominación, “Bandera España”, fue propuesta por Defensa como parte del proceso de revisión de elementos simbólicos dentro de las estructuras del Ejército. Con esta medida, el departamento reafirma su compromiso con el cumplimiento normativo y con el objetivo de adaptar las referencias institucionales al marco democrático y a los principios constitucionales.
La decisión ha sido bien recibida por sectores que abogan por una revisión crítica del legado franquista en las instituciones del Estado. En cambio, otros sectores consideran que estas acciones suponen una reinterpretación de la historia que puede generar tensiones o división social. Pese a ello, la sentencia de la Audiencia Nacional cierra la puerta a posibles controversias legales sobre el caso, al validar plenamente la actuación del Ministerio de Defensa en este asunto.
La modificación ya fue comunicada internamente en 2022, pero su aplicación definitiva se ha producido ahora, tras el respaldo judicial. Con esta resolución, Defensa completa uno de los pasos más simbólicos dentro del proceso de adecuación a la Ley de Memoria Democrática en el ámbito militar, donde aún persisten referencias a episodios y figuras del pasado que hoy resultan controvertidas.
El Tercio “Gran Capitán” I de La Legión, al que pertenece la Bandera renombrada, mantiene su operatividad y estructura intactas. El cambio afecta exclusivamente al plano simbólico, administrativo y protocolario, sin alterar la misión, el personal o las capacidades operativas de la unidad. La Legión, como cuerpo con fuerte arraigo histórico, ha experimentado en los últimos años otras modificaciones similares en nombres de acuartelamientos o unidades, con el fin de cumplir con las leyes de memoria aprobadas por el legislativo.
Esta transformación forma parte de una serie de medidas más amplias adoptadas por el Gobierno en relación con la memoria histórica, que incluyen la resignificación de espacios públicos, el cambio de nombres de calles y la retirada de distinciones honoríficas o condecoraciones a figuras relacionadas con el régimen franquista.
Con la nueva denominación de “Bandera España”, el Ministerio de Defensa pretende fortalecer una identidad institucional alineada con los valores democráticos, respetuosa con la legalidad vigente y acorde con la memoria histórica impulsada desde el marco normativo actual.
Por fin.