La Mesa dio trámite al informe enviado por el juzgado número 32 de Madrid sobre la prisión preventiva del diputado cepemista en virtud del artículo 17.1a del ROA.
Tal y como anunció el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa el pasado miércoles, la Mesa de la Asamblea dio trámite ayer al informe enviado por el juzgado número 32 de Madrid sobre la situación de “prisión preventiva” del diputado cepemista, Abdelrrahim Sellam, por presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita a una red de narcotráfico. La vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, dio cuenta ayer de la suspensión de derechos y deberes del diputado en aplicación del artículo 17.1a del Reglamento Orgánico de la Asamblea.
Este artículo determina que “quedará el diputado de la Asamblea suspendido en sus derechos y deberes cuando se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. Además, Rivas aseguró, a tenor del artículo 17.2 de esta misma normativa, que “no se trata de una sanción sino de un trámite administrativo”, tal y como recoge este apartado: “En ningún caso la suspensión de la condición de diputado de la Asamblea podrá acordase como sanción de la Cámara”.
Así pues, Sellam ya no será excusado en las sesiones plenarias, como venía ocurriendo hasta ahora, según apuntó Rivas, y sí estará privado de la asistencia a Comisiones, Plenos y reuniones de los Consejos de Administración de las sociedades públicas de la Administración local así como el cobro de las dietas por esta asistencia.
En este sentido, la vicepresidenta primera apuntó a que, posiblemente, el Grupo parlamentario de CpM podría buscar un sustituto de Sellam aunque esta situación no es incompatible a que éste conserve su acta de diputado al ser ésta “personal e intransferible”.
Asimismo, informó de que una vez dado trámite en la Mesa de la Asamblea se procederá a informar a los grupos de la oposición de la decisión tomada en los próximos días.
El diputado cepemista Abdelrrahim Sellam fue detenido el pasado mes de enero y trasladado a la prisión de Soto del Real en Madrid bajo una acusación de presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita a una red de narcotráfico. Desde entonces, sus compañeros de CpM aseguraron que se encontraba en situación de “secuestro legal” cosa que, para la Mesa de la Asamblea, se ha venido a desmentir por el informe del juzgado recibido esta semana en la que se confirmó la situación de prisión preventiva a causa de la imputación de los delitos anteriormente citados.
