CpM votó en contra al considerar que algunas de las 689 facturas pendientes tienen “cantidades excesivas” que deben analizarse. PSOE y Ciudadanos se abstuvieron, pero comparten la misma opinión que los cepemistas.
El Pleno de la Asamblea dio ayer luz verde al pago de las facturas atrasadas de la Ciudad Autónoma, aprovechando el superávit arrojado en las cuentas del año pasado, con los únicos votos a favor del Grupo Popular y el Grupo Mixto-PPL. Se trata de un total de 689 facturas por valor de algo menos de 2,1 millones de euros relacionadas con obras, servicios y suministros. El Grupo Cepemista votó en contra y PSOE y Ciudadanos (C’s) se abstuvieron en la votación.
El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, explicó que la Ciudad Autónoma gestiona al año “algunos cientos de miles de facturas” y dado el volumen no es frecuente, pero se dan casos de que hay expedientes que tienen incidencias y no se abonan. Esas incidencias pueden ser originadas por los propios proveedores o por parte de la Administración local, que no es “infalible”, pero el empeño y determinación del Gobierno local es terminar de liquidar estas facturas. Es por ello que ha sido uno de los primeros puntos a llevar a Pleno.
Conesa recalcó que 689 facturas suponen una ínfima parte de todos las que se tramitan y el montante total también. Sólo en 2014 el pago de facturas a proveedores ascendió a cerca de 278 millones de euros. El consejero añadió que la “inestabilidad” en el área de Intervención el año pasado influyó en el retraso en los pagos y este 2015 la demora ha venido propiciada por las elecciones locales y causada, después, por las impugnaciones a los resultados electorales y la tardanza en constituir la Asamblea y el nuevo Gobierno.
La Comisión de Control
El Grupo Cepemista solicitó que este asunto se dejara encima de la mesa, lo que fue rechazado por la Asamblea en la votación posterior. Los cepemistas consideran que la Comisión de Control que ellos presiden debe analizar parte de las facturas pendientes, al considerar no solamente que algunas de ellas daten del año 2009 sino que otras tienen “cantidades excesivas” y, por tanto, deben analizarse. El resto sobre las que no existe “un halo de sospecha”, pueden tramitarse para ser pagadas, afirmó el portavoz Hassan Mohatar.
El diputado cepemista puso de ejemplo una factura de 2012 con la empresa postal Correos por valor de unos 13.000 euros para pagar el envío de las notificaciones del pago de impuestos a los ciudadanos. Mohatar considera que este ‘servicio’ debería ser asumido, por ejemplo, por la empresa encargada de la gestión y cobro de los tributos a la Ciudad Autónoma.
Socialistas y Ciudadanos se abstuvieron en la votación. El portavoz del PSOE, Francisco Vizcaíno, opinó que si bien la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a la Administración con superávit a reducir la deuda y pagar los intereses bancarios, se trata de una norma “injusta”, pero no objetó nada en contra del cumplimiento de la misma Ley, salvo que el montante económico sobrante, en época de crisis podría dedicarse a otras acciones más necesarias para los melillenses.
El Pleno también aprobó la amortización de los créditos bancarios que, como explicó Conesa, vendrán a reducir más si cabe la deuda de la Ciudad Autónoma, como se ha hecho en los últimos años. Se trata de 666.476 euros a la entidad Caja Granada; 2.293.462 euros a la entidad Cajamar y 396.971 euros para La Caixa. El montante total asciende a 3.356.910 euros. Este punto fue aprobado con los votos a favor del PSOE, C’s, PPL y PP y los votos en contra de CpM.
El sueldo para los diputados
Este punto también pasó ayer por el Pleno de la Asamblea con la misma polémica de la que ya fue protagonista en las comisiones. Las retribuciones para los diputados de los grupos parlamentarios fue aprobada por los votos a favor de PP, PPL y CpM, mientras que PSOE y C’s votaron en contra. El portavoz de Ciudadanos, Eduardo de Castro, aseguró que las retribuciones que se pretendían aprobar podrían llegar a equiparar el sueldo de los diputados a los de un viceconsejero, es decir, algo más de 3.000 euros. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Marín, señaló a De Castro que sus cálculos eran del todo “erróneos” y recalcó que los diputados pueden optar por tener una retribución mensual en 12 pagas o cobrar las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Por su parte, los cepemistas recordaron que este sistema funciona desde hace 10 años en Ceuta y en Melilla se ha implantado con algunos condicionantes impuestos por los técnicos de la Administración local.
