Profesionales pertenecientes a un amplio número de asociaciones consideran que la enmienda que pretende aprobar el Gobierno es contraria al ordenamiento jurídico español y a los convenios internacionales.
Las ‘devoluciones en caliente’ o ‘rechazos en frontera’ en Melilla y Ceuta que pretende legalizar el Gobierno chocan con los tratados internacionales y no pueden ser tan inmediatas puesto que incumplen el derecho de los subsaharianos “a ser escuchados antes de ser sacados por la puerta de atrás”. Así lo piensan varios juristas que cuestionan el proceso puesto en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para dar cobertura legal y jurídica a una práctica que rechazan la oposición parlamentaria y ONGs. No obstante, otros juristas sostienen que las devoluciones son perfectamente legales y han existido siempre.
Hay que recordar que el Gobierno presentó una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que modifica la Ley de Extranjería. La misma pide que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Melilla y Ceuta, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal”.
Más allá de la cuestión semántica sobre la conveniencia de optar por ‘devolución en caliente’ o ‘rechazo en la frontera’, algunos juristas sostienen que en ambos casos el objetivo es el mismo: Expulsar con carácter inmediato a los inmigrantes que intenten entrar de forma irregular en España.
La mayoría no lo ve claro
Pero la rapidez a la hora de ejecutar la devolución resulta “incompatible” con el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes; es decir, a ser escuchados antes de ser devueltos.
“No se puede devolver por la vía rápida a nadie que está en suelo español, ya que hay que analizar cualquier solicitud de asilo que se pueda dar”, aseguró el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, quien añadió que en estos supuestos “los derechos humanos deben respetarse y eso implica que se deban atender sus peticiones”.
En su opinión, la propuesta del PP es “contraria” al ordenamiento jurídico español y, “peor aún”, a los convenios internacionales que regulan la materia. Este punto de vista lo comparte Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien defendió que los términos de los tratados internacionales no son proclives a las ‘devoluciones en caliente’ y que, por lo tanto, los legisladores españoles no pueden estar por encima de una ley superior.
“Todas las personas que cruzan ilegalmente una frontera tienen unos derechos con una serie de garantías”, explicó. “Si les devuelves ‘en caliente’, entonces no sabes cuáles son, no los escuchas”, precisó el fiscal.
En los mismos términos se expresa el Consejo General de la Abogacía Española, que recordó al Ejecutivo que cualquier modificación de la Ley de Extranjería debe respetar el derecho constitucional “a ser escuchado con las debidas garantías”.
“Al saltar la primera valla el inmigrante ya entra en España y por tanto hay que hacerle un expediente individual con abogado y dictar una resolución recurrible”, subrayó Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía.
Lo que no es admisible, afirmó Solans, es que el PP “haga un encaje de bolillos para disfrazar de legal lo que ha sido ilegal y seguirá siéndolo, porque su propuesta incumple la ley internacional”.
Una opinión contraria
Otros juristas, como Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, amparan los cambios en la ley al “establecer una reglamentación que es más clara que la actual en Melilla y Ceuta”
Con todo, sostiene que las devoluciones son perfectamente legales y han existido siempre, si bien reconoce que “no tenían cobertura legal porque no hacía falta”. “Eso se hace en cualquier frontera”, aseguró Sexmero.
En sus palabras, las ‘devoluciones en caliente’ no están recogidas en la normativa actual, pero existe un tratado con Marruecos, el del año 1992, que permite a España devolver de forma ágil a los inmigrantes que han entrado ilegalmente por la frontera marroquí.
