El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, ha reclamado este jueves al Gobierno de España la firma urgente de convenios de readmisión con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, con el objetivo de frenar la inmigración irregular, desarticular las redes de tráfico de personas y proteger vidas humanas. La propuesta plantea aplicar el mismo modelo que España mantiene con Francia desde 2003, que permite devoluciones automáticas de migrantes que hayan accedido irregularmente desde uno de los dos territorios.
Según el sindicato, la adopción de estos acuerdos enviaría un mensaje claro a las mafias que operan en las rutas hacia Europa: “Cuando un cayuco que proceda de estos países, o haya pasado por ellos, sea devuelto de manera inmediata, se eliminará el incentivo para que sigan enviando embarcaciones abarrotadas y en condiciones inhumanas”, afirman desde la organización.
Jupol sostiene que la actual política migratoria, centrada en la acogida sin retorno en la mayoría de los casos, “no solo es insostenible sino que alimenta el negocio criminal” de las redes de tráfico de personas, que facturan millones de euros al año y ponen en riesgo la vida de miles de personas.
El sindicato ha denunciado que la llegada masiva de embarcaciones, especialmente a Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Andalucía, somete a la Policía Nacional a una presión operativa y emocional sin precedentes. Los agentes deben atender desde el rescate y recepción en puerto, hasta la identificación, custodia y traslado de personas en situación irregular, además de coordinar actuaciones con juzgados y servicios sociales.
Esta carga de trabajo, advierte Jupol, se ve agravada por la falta crónica de recursos humanos y materiales, lo que obliga a detraer efectivos de otras áreas clave de seguridad ciudadana. A ello se suma la precariedad de las instalaciones, muchas veces inadecuadas para una identificación segura y digna, y la ausencia de protocolos claros para el manejo de enfermedades infecciosas o situaciones de violencia.
La organización sindical rechaza la “mirada condescendiente” que, en su opinión, mantiene España y la Unión Europea hacia los países africanos en materia migratoria. “Si Francia aplica sin complejos este mecanismo con España, no hay motivo para no aplicar el mismo principio con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal”, insisten.
Jupol subraya que el modelo franco-español de 2003 es un instrumento probado y compatible con las normas internacionales de derechos humanos, garantizando cooperación entre autoridades, protección de datos y salvaguardas en caso de riesgo de persecución.
El planteamiento de Jupol cobra relevancia en ciudades fronterizas como Melilla, donde, según datos publicados por El Faro de Melilla, la ciudad acoge casi siete veces más menores migrantes de los que le corresponderían por población. Esta desproporción, que el propio Gobierno local califica de insostenible, repercute en la saturación de centros de acogida, en el gasto público y en la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y servicios sociales.
El caso de Melilla ilustra cómo la ausencia de acuerdos eficaces de readmisión genera un efecto embudo en territorios de primera entrada. Para el sindicato, este tipo de ciudades “no pueden seguir soportando solas el peso de una política migratoria que, a falta de mecanismos de retorno, se convierte en un callejón sin salida”.
El sindicato insta al Ejecutivo a abrir de inmediato negociaciones diplomáticas para la firma de estos convenios, incluyendo cláusulas claras sobre la readmisión de nacionales y de terceros países que hayan transitado por los territorios firmantes, así como protocolos ágiles para la verificación de nacionalidades y emisión de salvoconductos.
“Proteger nuestras fronteras no es solo una cuestión de seguridad, sino también de humanidad. Cuanto antes se envíe el mensaje de que la entrada irregular tendrá como consecuencia el retorno inmediato, antes se frenará la tragedia en el mar y el negocio de quienes trafican con personas. Y cuanto antes se alivie la presión sobre nuestros policías, antes podrán centrarse plenamente en su verdadera misión: proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad pública”, concluye Jupol.
