El Ministerio del Interior se ha desmarcado este miércoles de la decisión de retornar a Marruecos a los menores que llegaron a Ceuta en mayo al argumentar que desde el departamento no se dio ninguna orden ni instrucción para emprender las devoluciones que asumió el gobierno ceutí el pasado viernes.
Si hace veinticuatro horas tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defendían a una la legalidad del proceso del retorno una vez que un juzgado de la ciudad autónoma ya había paralizado las repatriaciones, este miércoles Interior ha insistido en que el departamento no ha dictado ninguna orden.
Así lo ha dejado por escrito en su respuesta a la Audiencia Nacional, que le requirió el supuesto documento por el que se ejecutaban las repatriaciones de menores.
En su contestación al tribunal, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, sostiene que "no existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Audiencia Nacional".
Y explica que solo envió el 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta una comunicación que "se limita a poner de manifiesto que el ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos".
Por esta razón, y al no existir una orden, Interior defiende que el recurso que tramita la sala de lo Contencioso-Administrativo presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado debe ser rechazado por la Audiencia, ya que esta instancia judicial no sería la competente.
Subraya que los acuerdos de retorno de menores están siendo enjuiciados por un juzgado de Ceuta, que ha sido el que ha acordado como medida cautelar la suspensión de las devoluciones durante tres días.
A la espera de que esta instancia judicial decida si paraliza de forma definitiva las repatriaciones de menores no acompañados desde la ciudad autónoma a Marruecos, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a defender el retorno por ser "lo adecuado para atender a la situación excepcional y de emergencia" que vive Ceuta.
Vivas ha reiterado que se ha actuado "conjuntamente y de manera coordinada con Interior para activar un instrumento legal", en referencia al acuerdo con Marruecos de 2007 para la repatriación de menores no acompañados.
Preguntado por la posibilidad de que desde el Gobierno o el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se delegue toda la responsabilidad de la actuación en el Ejecutivo de la ciudad, Vivas ha respondido, en declaraciones a la cadena COPE, que espera "que eso no ocurra" porque el proceso se está desarrollando "de manera conjunta". "Es un problema de Estado".
Por otra parte, cuestionado sobre si existen los correspondientes expedientes para cada menor o se han documentado los tratamientos individualizados, el presidente de Ceuta ha señalado que "ese detalle" no lo conoce, aunque ha asegurado que "los menores han estado debidamente atendidos" por "personal cualificado".
Sí explicó en rueda de prensa ayer que el criterio que ha definido qué niños serían repatriados ha sido el perfil de vulnerabilidad establecido por los técnicos de la Fundación Samu, responsable del dispositivo de acogida, y admitió que su interpretación del convenio "no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales".
Esta cuestión, la participación del menor en el proceso de retorno a Marruecos, es la clave sobre la que ponen el acento las ONG para denunciar la ilegalidad del proceso al incumplirse preceptos de la Ley de Extranjería.
La norma reconoce a los mayores de 16 y menores de 18 años su capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación y también a los menores de 16 años si "tienen juicio suficiente". En este caso, "si manifiestan voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente".
Según la ley, y siempre de acuerdo con el interés superior del niño, se escucha al menor si tiene suficiente juicio y, previo informe de los servicios de protección de menores y de Fiscalía, "la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España".
