Economía, Empleo y Turismo

La Inspección detecta 140 trabajadores extranjeros irregulares desde marzo

Una nueva operación permitió localizar anteayer a 18 empleados sin permisos en una nave

La Inspección de Trabajo ha detectado ya a unos 140 trabajadores irregulares desde que se comenzaran en el mes de marzo controles rutinarios en almacenes a petición de los empresarios locales, según precisó ayer el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani.

El representante del Ejecutivo central en nuestra ciudad explicó que, en una nueva operación conjunta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Inspección de Trabajo visitaron varios establecimientos anteayer. El Barkani destacó especialmente uno de los casos, en el que se ha podido constatar que, al menos, 18 de las 30 personas que fueron identificadas en una nave se encuentran “presuntamente en situación de irregularidad”.

Sin permisos

Según precisó El Barkani, estas personas carecían de los permisos de trabajo y residencia y de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

El delegado reiteró la necesidad de actuar contra la economía sumergida para evitar que haga competencia desleal tanto al comercio transfronterizo que tiene todo en regla como a los negocios tradicionales. El Barkani aseguró que seguirán trabajando en esta línea.

En cuanto a la existencia de almacenes ilegales en Melilla que ha salido a la luz pública tras el incendio sucedido la semana pasada en un edificio del barrio del Real, el delegado del Gobierno puntualizó que es competencia de la Ciudad ordenar el cierre de estos locales.

No obstante, El Barkani indicó que sí se han tomado medidas desde el punto de vista administrativo pero que no han surtido efecto porque se están desobedeciendo las instrucciones de las autoridades. Así, según aseguró, muchos de estos almacenes tienen orden de clausura por parte del Gobierno local pero no se están respetando por lo que muchos de estos casos han terminado judicializándose.

Riesgo para el trabajador

El representante del Gobierno central concretó que sí es competencia del Estado paralizar la actividad de aquellos centros en los que haya unas “pésimas condiciones” de trabajo y exista “un riesgo inminente” para los empleados.

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