La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado su inquietud por el reciente pacto impulsado por el Gobierno, en el que se modifica la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley clave para la protección de las calles en Melilla, ciudad que afronta retos de seguridad específicos debido a su ubicación fronteriza.
El nuevo acuerdo, que ha sido negociado con el partido político Bildu, introduce cambios que, según la AUGC, debilitan el principio de autoridad de los guardias civiles, algo que afecta directamente a los agentes destinados en Melilla.
Esta ciudad, por su posición geográfica y su situación particular en materia migratoria y de seguridad, requiere que los guardias civiles cuenten con el máximo respaldo legal para poder ejercer sus funciones con eficacia. Sin embargo, la modificación de la ley, afirman, podría dejar a los agentes "atados de pies y manos".
Impacto en la Seguridad de Melilla
La AUGC señala que Melilla, al ser una frontera terrestre con Marruecos, enfrenta desafíos únicos en términos de seguridad, tanto por el control migratorio como por la actividad delictiva transfronteriza. Los guardias civiles que trabajan en esta ciudad se encuentran en primera línea de defensa, y las limitaciones impuestas por la nueva ley pueden dificultar su labor en la protección de los ciudadanos melillenses.
De hecho, el pacto con Bildu conlleva la desaparición de las devoluciones en caliente en la frontera con Marurecos y la imposibilidad de utilizar material antidisturbios como las pelotas de goma, lo cual deja a los guardias indefensos ante cualquier salto que pueda producirse en la valla fronteriza.
Además, la asociación denuncia el incremento de agresiones contra los agentes en Melilla, que ya de por sí están bajo una gran presión debido a las complejidades de mantener el orden en una ciudad que es puerta de entrada a Europa. Según la AUGC, los agentes necesitan más apoyo y herramientas jurídicas para hacer frente a estos desafíos, no una disminución de su capacidad operativa.
Exigen protección
Ante esta situación, la AUGC insiste en que el Gobierno debe reforzar el principio de autoridad de los guardias civiles, en especial en lugares como Melilla, donde su trabajo es vital para el control fronterizo y la seguridad ciudadana. Piden medidas inmediatas que garanticen que los agentes puedan actuar con eficacia y que se endurezcan las penas por agresiones a los guardias civiles, una situación que ha ido en aumento en los últimos años.
La asociación también recuerda que los guardias civiles de Melilla desempeñan una función esencial no solo para la seguridad local, sino para la estabilidad del territorio español. "No podemos permitir que nuestros agentes, especialmente aquellos que sirven en zonas tan críticas como Melilla, trabajen en condiciones que comprometan su seguridad y la de los ciudadanos", afirmó un portavoz de la AUGC.
