La gravedad de los episodios vividos en Ceuta cuando 10.000 personas cruzaron la frontera en solo dos días ante la pasividad de Marruecos ha marcado en 2021 el debate sobre la situación migratoria, relegando casi a un segundo plano una realidad terrible: nunca antes habían muerto tantas personas intentando llegar a España en patera, tres al día.
Las principales rutas utilizadas por los inmigrantes para acceder a España desde África han repetido casi al detalle las cifras de 2020, con Canarias consolidada como una de las principales puertas de entrada por mar a Europa y cierta pujanza del flujo de las pateras desde Argelia sobre el que apenas hay datos, porque la estadística oficial engloba todo el movimiento del Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar en un mismo capítulo ("península y Baleares").
De acuerdo con los datos del Ministerio de Interior a 16 de diciembre, este año han llegado a España por vía marítima 37.385 inmigrantes, el 55 % por la Ruta Canaria (20.752), el 43 % por el Estrecho y el Mediterráneo (15.996) y el resto por las costas de Ceuta y Melilla (637). Es un 1,7 % menos que en 2020 a la misma fecha, pero en esas cifras hay dos tendencias contrapuestas.
Desde que en 2018 se marcó el récord de llegada de personas en pateras a España, con 57.498, los flujos a la península y Baleares se han desplomado un 70 % (de 54.703 a 15.996 personas), mientras que el tránsito se ha multiplicado por 16 (de 1.307 a 20.752) en la Ruta Canaria, donde las travesías van desde los 100 hasta los 1.000 kilómetros de navegación en océano abierto.
Tras la aparente estabilidad en las cifras globales de este año, hay dos circunstancias que harán que 2021 pase a la historia: los episodios de mayo en Ceuta (que Interior no recoge en su estadística) y la elevada mortalidad de las pateras, que está en cotas desconocidas desde que hay registros, tanto si se toma como referencia el recuento que hacen las agencias de Naciones Unidas, como al que llevan a cabo las ONG, mucho más elevado.
La crisis de Ceuta
En solo dos días, 17 y 18 de mayo, más de 10.000 inmigrantes cruzaron la frontera de Ceuta, en medio de la mayor crisis diplomática entre Rabat y Madrid de las últimas décadas, desencadenada por la decisión de España de ofrecer asistencia médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de covid-19.
Nunca antes habían entrado de forma irregular tantos inmigrantes en España en 48 horas; de hecho, las cifras de esos dos días multiplicaron por cinco el anterior récord, que ostentaba Canarias, con 2.188 personas desembarcadas entre el sábado 7 y el domingo 8 noviembre de 2020 en sus puertos, sobre todo en Arguineguín.
La mayor parte de esas personas fueron devueltas a Marruecos por procedimientos exprés, pero entre ellas había más de 1.500 menores. La imagen de cientos de niños que se jugaban la vida cruzando a nado a Ceuta con botellas vacías como flotadores mientras los gendarmes no hacían nada para frenarlo erosionó la reputación internacional de Marruecos.
La batalla de la imagen la ganó aquellos días España, por los rescates que hicieron en la playa de El Tarajal miembros de sus fuerzas de seguridad, de su Ejército y de ONG como la Cruz Roja. Sin embargo, a España también le han llovido críticas por cómo se de ha devuelto a algunos menores, en procedimientos criticados por el Defensor del Pueblo y suspendidos por los juzgados de Ceuta.
La sangría de la ruta Canaria
Mientras tanto, Canarias se ha consolidado como la principal vía marítima de entrada de inmigrantes a España y una de las más importantes de Europa. Por la Ruta Canaria han llegado hasta el 16 de diciembre 20.752 de los 37.385 que han desembarcado en las costas españolas, una cifra que anticipa un cierre del año muy similar a 2020, cuando fueron rescatadas en las islas 23.023 personas.
Pero hay tres notas diferentes: este año no se ha repetido la crisis humanitaria en la acogida que en 2020 provocó imágenes como la del muelle de Arguineguín con más 2.500 personas pernoctando hacinadas sobre el suelo, cada vez hay más mujeres (según Cruz Roja su número se ha multiplicado por 2,6) y, sobre todo, las muertes se han disparado por una suma de factores que añade riesgos a una ruta que, ya de por sí, es de las más peligrosas del mundo.
Entre ellas, las ONG citan el creciente uso de lanchas neumáticas, muy endebles en océano abierto, y las numerosas pateras que parten a travesías de 500 kilómetros o más largas aún sin nadie a bordo que sepa realmente navegar o manejar un GPS.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), hasta el 4 de diciembre habían perecido en el mar intentando llegar a España 1.255 personas, la cifra más alta desde que hay registros; de ellas, tres de cada cuatro, en Canarias (937).
Más niños en las pateras
Esas cifras incluyen, al menos, a un centenar de menores, como Elène Habiba, la niña maliense de solo dos años que tuvo en vilo en marzo a toda España después de que dos sanitarios de la Cruz Roja la recuperaran de una parada cardiorrespiratoria sobre el cemento del muelle de Arguineguín. La pequeña solo aguantó cinco días: murió en el hospital por deshidratación severa.
Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sumó a la consternación que generó su muerte, con un mensaje público de condolencias. El caso de esa niña de Mali no es primero, ni siquiera ha sido único este año: el 28 de junio, falleció a bordo del helicóptero que la evacuaba a tierra la pequeña marfileña Fatmate Zara, a la que en casa todos llamaban "Yamila" ("Hermosa").
Sus padres aún no han podido viajar a Gran Canaria a enterrarla: están de forma irregular en Francia y temen ser detenidos.
La OIM siempre precisa que sus balance de víctimas es una estimación de mínimos, porque se le escapan numerosos "naufragios invisibles" de los que no ha quedado rastro alguno. Organizaciones sociales muy activas en la ruta, como Caminando Fronteras, elevaban ya ese saldo a 2.087 muertes solo en el primer semestre.
Este año, con casi el mismo número de llegadas no se ha producido la crisis humanitaria de acogida que vivió Canarias en 2020. Dos motivos lo explican: ya hay 7.000 plazas consolidadas en campamentos (a principios de 2020 había menos de 500) y, sobre todo, se ha permitido el tránsito hacia la península de quienes llegaban en patera, porque las devoluciones apenas han sido posibles.
Sí están desbordados, en cambio, los recursos para menores: tras estos dos años de repunte de la ruta, el Gobierno canario tiene bajo su cuidado y tutela a cerca de 2.700 menores. Y sigue habiendo muchos niños, con frecuencia bebés, en esta ruta: las cifras que manejaba Cruz Roja al término de noviembre indicaban que los menores son casi uno de casi seis llegados (el 14,6 %); muchos, solos.
También Lanzarote y Fuerteventura, que este año suman juntas más llegadas que Gran Canaria, y El Hierro comienzan a tener problemas de saturación, sobre todo en los primeros días tras el rescate, cuando quienes desembarcan tienen que permanecer aislados, siguiendo la cuarentena de prevención de la covid. Así lo advirtió Francisco Fernández Marugán en sus últimos días como Defensor del Pueblo.
Amnistía Internacional es más crítica aún. Con motivo del Día del Migrante, que se celebra este sábado, ha difundido un informe sobre Canarias en el que no solo denuncia la degradación del derecho de asilo, sino también la saturación de los centros de recepción, la falta de protección adecuada de niños no acompañados, la ausencia de mecanismos para la identificación de víctimas de trata, abusos físicos, detenciones arbitrarias y devoluciones en caliente.
