Imputado también por blanqueo el empresario que defraudó 800.000 euros del IPSI

La Guardia Civil ha imputado un delito de blanqueo de capitales al empresario considerado el autor del mayor fraude fiscal detectado en la Ciudad Autónoma de Melilla. El hombre, de 37 años, con doble nacionalidad española y alemana, ya había sido detenido en noviembre de 2024 como responsable de una trama que defraudó más de 800.000 euros en concepto del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Ahora, tras una nueva fase de la investigación, se le atribuye un nuevo ilícito vinculado al presunto blanqueo del dinero defraudado.

La imputación llega después de que nuevas denuncias presentadas por empresas del sector del transporte y trabajadores autónomos que se consideraban afectados por el fraude, abrieran una segunda línea de investigación. Según la nota de prensa difundida este lunes por la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, los investigadores analizaron una ingente cantidad de documentación, movimientos bancarios y dispositivos electrónicos intervenidos previamente al detenido.

Este nuevo procedimiento fue liderado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Melilla, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias. Todo ello, bajo la tutela de la Fiscalía de Área y el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla.

Análisis y coordinación interterritorial

La operación ha requerido meses de trabajo y una estrecha coordinación entre varias unidades de la Guardia Civil, dada la complejidad del caso y la amplitud geográfica que alcanzaban las operaciones de Logistics Express, la empresa investigada. No solo se revisaron documentos contables y fiscales vinculados a la firma, sino también correos electrónicos, dispositivos de almacenamiento digital, material informático y terminales telefónicos incautados tras su detención inicial.

El detenido, considerado el principal responsable de este entramado económico, ya figuraba en investigaciones previas por delitos de estafa, malversación de fondos, fraude fiscal y apropiación indebida. La Guardia Civil subraya que su actividad ilícita causó un perjuicio directo tanto a las arcas públicas como al tejido empresarial de la ciudad, en especial al sector del transporte, con empresas y autónomos afectados por impagos, pérdidas contractuales y ruptura de relaciones comerciales.

Según el comunicado oficial, los indicios recopilados apuntan a la existencia de un sistema estructurado para ocultar y mover los fondos obtenidos ilegalmente. Las cantidades defraudadas mediante impagos y facturación falsa del IPSI habrían sido desviadas a cuentas no vinculadas directamente a la empresa, lo que constituye una de las principales señales del delito de blanqueo.

Los investigadores sostienen que el detenido utilizó estructuras financieras complejas para legitimar el origen del dinero, trasladándolo a cuentas en la península o triangulando operaciones con terceros. No se descarta la implicación de otras personas o empresas que pudieron actuar como colaboradores, testaferros o beneficiarios de estas transferencias.

La notificación formal de la imputación por blanqueo de capitales tuvo lugar en julio de 2025, aunque el comunicado no se ha hecho público hasta este 20 de octubre. Este nuevo cargo supone un giro relevante en la causa abierta contra Logistics Express y su principal directivo.

Caso con amplios antecedentes

El fraude vinculado al IPSI ha sido objeto de una cobertura informativa sostenida durante los últimos meses. El Faro de Melilla ha publicado varias noticias desde que se conocieron los primeros indicios en 2024. La detención inicial del empresario, ocurrida en Gran Canaria, fue el punto de partida de un proceso que ha seguido creciendo en alcance y gravedad.

En las informaciones anteriores ya se hacía eco del impacto negativo que las prácticas de Logistics Express estaban teniendo en comerciantes melillenses, proveedores de servicios y trabajadores del sector transporte. La empresa, que operaba con aparente normalidad durante meses, acumulaba deudas y eludía sus obligaciones fiscales mediante facturación ficticia o directamente omitiendo el pago del IPSI en operaciones comerciales. Este comportamiento terminó por ser detectado por la administración local y denunciado por los perjudicados.

Además, El Faro de Melilla también desveló en su momento los últimos movimientos de Logistics Express, incluidas maniobras de traslado de la actividad a otros puntos de la geografía nacional, lo que dificultaba la acción judicial y aumentaba la preocupación de las autoridades fiscales y policiales.

El blanqueo de capitales no solo implica ocultar el origen del dinero procedente de delitos previos, sino también introducirlo en el circuito económico de manera que parezca legítimo. Este tipo de prácticas tienen un grave impacto estructural, ya que distorsionan la economía local, favorecen la competencia desleal y dificultan la labor de las instituciones encargadas de controlar la legalidad en los mercados.

La Guardia Civil ha insistido en que este caso es un ejemplo claro del compromiso del cuerpo con la defensa del Estado de derecho, la protección de la economía de la ciudad y la lucha contra la criminalidad financiera. En su comunicado oficial, la Comandancia de Melilla subraya que esta actuación se enmarca en el esfuerzo permanente por proteger a la ciudadanía y al tejido productivo frente a actividades que atentan contra la estabilidad económica y la confianza en las instituciones.

Investigación abierta

La causa continúa bajo secreto de sumario, pero las autoridades no descartan que en las próximas semanas se amplíen las imputaciones o se practiquen nuevas detenciones. Los investigadores siguen analizando documentación incautada, movimientos financieros y comunicaciones del acusado, con el objetivo de determinar el destino final de los fondos defraudados y si existieron otros beneficiarios de esta operativa delictiva.

De momento, el empresario imputado sigue en libertad, aunque con medidas cautelares y bajo investigación judicial. La gravedad de los hechos, tanto por el volumen de dinero afectado como por el impacto económico y social que ha tenido en la ciudad, convierte este caso en uno de los más relevantes de los últimos años en Melilla en materia de delitos económicos.