El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha anunciado este miércoles que el jueves va a solicitar “urgentemente” al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que suspenda, durante seis meses, la aplicación del Real Decreto 1/2023 –que elimina la bonificación del 50 por ciento a la Seguridad Social y que teóricamente entrará en vigor el viernes, día 1 de septiembre- mientras se aclaran “todos los extremos que dificultan la aplicación y las dudas tan razonables que están existiendo en estos momentos”.
Tras una reunión con representantes de asesorías y gestorías de la ciudad, Imbroda ha informado de que acompañará su petición con un informe sobre dichas “deficiencias” para ver si, con “suerte”, el ministro accede a la suspensión “e incluso a evaluar, durante este tiempo, la necesidad, o no, de seguir suspendiéndola o suprimirla”.
Al encuentro, celebrado en la Consejería de Hacienda, ha acudido el consejero del área, Daniel Conesa, así como la presidenta de Proyecto Melilla SA (Promesa), Esther Donoso, o el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Manuel Ángel Quevedo, También han asistido la diputada del Partido Popular (PP) por Melilla en el Congreso, Sofía Acedo, y los dos senadores, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu e Isabel Moreno.
El jefe del Gobierno local ha insistido en que hay “muchas dudas”, tantas que, según ha dicho, ni siquiera las instituciones del Estado en Melilla lo tienen claro a ciencia cierta. Como un “galimatías”, de hecho, ha calificado una norma que implica “crear otro procedimiento que no compensa el anterior, detrae fondos del anterior, es más bajo que el anterior y, encima, es de una complejidad extraordinaria”.
Imbroda ha indicado que “a Melilla le interesa que siga el sistema anterior o que este se aclare muy bien para que no se sufra ninguna merma respecto a la bonificación del 50 por ciento”. Lo que sucede con este cambio de sistema, mientras tanto, ha dicho, es que “no se va a contratar a nadie en Melilla”, porque no se sabe cómo se va a aplicar.
Por lo tanto, y dado que, además, el Gobierno está en funciones, “va a ser difícil hacer un Presupuesto para el año que viene” y, si se prorrogan las cuentas, no está claro de dónde saldría el dinero para compensar las bonificaciones desde los 262 euros iniciales, se hace “necesario”, según Imbroda, que se suspenda la aplicación. “Yo creo que no corre tanta prisa como para que el 1 de septiembre tenga que empezar”, ha añadido.
Vista la situación, y con el ánimo de “hacer ciudad”, hasta en tres ocasiones el presidente del Ejecutivo local ha hecho un llamamiento al PSOE de Melilla y a la Delegación del Gobierno para que apoyen esta propuesta, que, según ha dicho, “no es sólo de la Ciudad, sino también de los empresarios y de todos los entes que están preocupados por este asunto”. “Que lo apoyen”, ha repetido, “porque aquí no se trata de hacer una historia de vencedores y vencidos, ni de posturas enconadas y a ver quién tiene razón, sino de defender los intereses legítimos de los ciudadanos de Melilla y de que la ciudad se beneficie”.
Tal como están las cosas, sin embargo, y aun no teniendo datos al respecto, Imbroda ha pronosticado que las empresas locales perderán “bastantes millones de euros”.
