El Gobierno melillense ha pedido a la Seguridad Social que aclare cuál va a ser el impacto económico que va a tener en la ciudad la eliminación del 50% de la bonificación de las cuotas patronales de las que, además, se benefician los trabajadores del sector privado local. Una vez que el Ejecutivo tenga toda esa información, mantendrá contacto con los empresarios para estudiar “medidas paliativas” entre tanto no se recupere la subvención tal y como está ahora establecida.
La diputada por Melilla, Sofía Acedo, aseguró que existe una “gran preocupación” en el Gobierno por la situación que se dará a partir de la entrada en vigor de la supresión de la bonificación el próximo 1 de septiembre. “Tenemos una enorme preocupación por el efecto que puede tener esa medida también en la nómina de los trabajadores”, comentó para añadir que la única solución es recuperar ese 50% “y se dejen de poner parches”.
En ese sentido, recordó que la bonificación es “un derecho adquirido” de empresarios y empleados desde que se implantó en 2004. “Jamás pensamos que ningún Gobierno se atrevería a tocar uno de nuestra mayor fuerza para la atracción de empresas y, sin embargo, han empezado a tocarlo”.
En consecuencia, confesó que se sienten “verdaderamente preocupados”. “Una vez que tengamos el estudio de impacto lo trasladaremos a las empresas, que también nos informan de que están muy preocupadas”.
La primera “medida paliativa” que va a poner en marcha el Gobierno está relacionada con la empresa de limpieza y el hecho de que sus empleados no pierdan dinero en sus nóminas por esa medida. Ya lo anunció el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, quien ha pedido a Valoriza que se respeten las nóminas tal y como están ahora y no se les reste la aplicación de eliminar el 50% de la cuota a la Seguridad Social.
El problema, según Sofía Acedo, es que habrá empresas en Melilla que no puedan soportar la situación. “Por eso hay que ver cuál es el impacto para saber si hay que adoptar medidas paliativas por parte del Gobierno de la ciudad. La solución definitiva sería, no obstante, es que esa bonificación se recupere absolutamente”.
“La bonificación para Melilla se tiene que mantener sí o sí, es que no hay otra alternativa porque si no puede pasar que las persianas de nuestras empresas empiecen a cerrarse o no puedan sostener a los trabajadores”, insistió la parlamentaria popular.
Promesa
Las citadas “medidas paliativas” serían adoptadas en su caso por Proyecto Melilla S.A., la Consejería de Economía e incluso Hacienda. “Estamos estudiándolo todo porque estamos muy preocupados con la situación”.
Al Gobierno le consta, además, la “incertidumbre” que existe en las empresas locales sobre la aplicación de la nueva norma. “No saben a quién afectaría, a partir de cuándo aunque sí se conoce que pega de lleno a los contratos a partir del 1 de septiembre”, explicó.
Además, manifestó que la medida del Gobierno de Sánchez tendrá su repercusión también en la contratación pública. “Hay contratos públicos adjudicados donde esta bonificación está aplicada tanto para la empresa como para sus trabajadores. La nueva norma desvirtúa el contrato absolutamente sobre todo en el precio al que concurrió para obtener el servicio. No estamos hablando de una cosa menor. Estamos muy preocupados porque es un hachazo importante para la ciudad”.
En opinión de Sofía Acedo, es “injusto pero necesario” que el Gobierno melillense tenga que hacerse cargo presupuestariamente de todo aquello que Madrid niega a la ciudad. “El Gobierno de Imbroda tiene claro que hay que mejorar la vida de la gente y eso supone tomar decisiones y que haya que asumir competencias impropias porque debe tenerlas el Gobierno de España”.
Según dijo, el melillense “lo que busca es vivir mejor, tener garantizados sus servicios, la conectividad con la península… Y si no hay voluntad política por parte del Gobierno de España de asumir su responsabilidad, es el Gobierno de la Ciudad Autónoma el que va a poner todos los instrumentos necesarios para que las cosas se lleven a cabo”.
Sofía Acedo entiende que tener que pasar por esa situación “no tiene ninguna lógica”. “El hecho de que sea ilógico e injusto no puede atarnos de pies y manos a la Ciudad Autónoma sino que, al revés, debe impulsarnos a adoptar las medidas necesarias para levantar la voz donde sea necesario y se atienda como merece la ciudad de Melilla. Mientras tanto, el Gobierno de la ciudad estará al lado de los melillenses”.
