El presidente del Gobierno melillense, Juan José Imbroda, aseguró en la jornada de ayer que la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos por la presunta comisión de delitos de fraude y blanqueo de capitales “no le ha sorprendido”. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, el máximo dirigente del Ejecutivo local señaló que “va siendo hora de que asumamos que todos somos iguales ante la ley”. En la misma línea, remarcó que “nadie tiene impunidad por nada”.
Imbroda insistió en que la Justicia debe ser igual para todos. “No me vale que se aplique de la misma forma al 98% de los ciudadanos y de manera distinta al 2% restante”, defendió. Por ello, insistió en que los españoles deben asumir que todos hemos de responder ante la ley de igual forma, “tanto los que están a un lado de la mesa como los que se encuentran al otro”.
“Cualquier ciudadano que se equivoque debe pagar. Eso sí, no se puede comparar un simple error con uno realizado con dolo para lograr interés personal, que es mucho más punible”, remarcó. “Siempre hay grados de responsabilidad”. Aunque la imputación de la infanta no ha sorprendido al presidente, sí que lo hecho que el fiscal haya anunciado su oposición a esta decisión y que la administración tributaria afirme que “no ve materia” para llevar a efecto dicha imputación.
Para finalizar, recalcó que ahora habrá que ver qué ocurre con el caso de la infanta en los próximos días y cómo reaccionan las partes implicadas en el caso Nòos.
Decisión del juez Castro
Hay que recordar que la infanta Cristina fue imputada el pasado martes por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para que aclare si participó en presuntos delitos de fraude fiscal como copropietaria de la sociedad Aizoon y si blanqueó mediante gastos privados fondos públicos obtenidos de forma ilícita por su marido, Iñaki Urdangarin.
Castro, que ha citado a la hija menor del Rey Juan Carlos I para que comparezca en los juzgados de Palma el próximo 8 de marzo a las 10:00 horas, ya la imputó en abril del año pasado, aunque finalmente la Audiencia Provincial revocó esa decisión tras recurrirla la Fiscalía Anticorrupción, que también se opone ahora.
La imputación por los presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales es fruto de la investigación iniciada por el juez después de que, en el auto en que anuló la primera imputación, la Audiencia de Palma apuntara que no se habían analizado suficientemente esas posibles infracciones penales.
En su auto, el juez Castro sostiene que la duquesa de Palma se prestó a que Aizoon, la sociedad que compartía al 50% con Iñaki Urdangarin, “sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales” y defiende que es su obligación aclarar completamente los hechos, por lo que “a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto”.
