Independientes de la Guardia Civil (IGC), la asociación profesional que se querelló contra los 602 inmigrantes que el pasado 26 de julio accedieron a Ceuta en un salto en grupo, ha presentado “fuera de plazo” su escrito de acusación, que según fuentes judiciales básicamente reproducía el de la Fiscalía, y ha terminado adhiriéndose al del Ministerio Público, que solicita seis años de cárcel por un presunto delito de desórdenes públicos (o, subsidiariamente, cinco por uno de atentado) y dos más por otro de daños para cada uno de los nueve supuestos cabecillas. También pide que sean condenados por doce delitos leves de lesiones a dos meses de multa con una cuota diaria de 25 euros por cada uno de ellos y que hagan frente a idéntica cuantía durante un año y medio por el delito de daños.
Por añadidura, los acusados deberían resarcir “conjunta y solidariamente” a la Dirección General y a la Comandancia local de la Guardia Civil y al Estado por los desperfectos causados en varios vehículos y material de la Benemérita y en el perímetro fronterizo (valorados en más de 13.000 euros), así como indemnizar a los doce funcionarios del Instituto Armado lesionados con 8.205 euros.
La IGC, personada como acusación popular, considera que con este proceso se ha marcado “un precedente para aquellos que quieran entrar por la fuerza atentando contra los agentes, de tal modo que sepan que no conseguirán su objetivo y serán condenados por ello”. No obstante, ha llamado la atención sobre que “falta saber, llegado el momento, si los presuntos autores del atentado, organizados en grupo criminal, se pondrán a disposición de la Justicia ante el juicio que les espera, y si cumplirán la condena en caso que recaiga contra ellos en sentencia”.
En un comunicado también ha puesto de relieve que “respecto a la responsabilidad civil por los daños causados en el patrimonio del Estado y en los cuerpos de los guardias civiles, es prácticamente seguro que no podrán hacerse cargo de los mismos, a no ser que organizaciones no gubernativas se hagan cargo”. “Nos alegramos de que los presuntos autores no queden impunes al poner en riesgo la integridad física e incluso la vida de las fuerzas de seguridad”, ha indicado.
Una actuación “violenta” y premeditada
Según el relato fáctico de la acusación, “sobre las 6.30 horas” del 26 de julio de 2018, “en una actuación previamente planeada y organizada, con preparación anticipada de objetos e instrumentos peligrosos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes con cal viva y heces”, se produjo la “entrada masiva” de “al menos 602 inmigrantes indocumentados procedentes de territorio marroquí por el perímetro fronterizo de Ceuta”. El grupo “estaba perfectamente organizado y coordinado bajo las órdenes de los acusados y dividido en tres subgrupos” y entró “utilizando la fuerza contra las cosas y violencia contra las personas”.
Me parece un artículo genial, toda la información que dais da gusto verla. Es otra forma de exponerlo que sin lugar a dudas es de las mejores.