Guelaya ha denunciado que Melilla es la única zona de España que todavía carece de mediciones fijas de ozono. El informe elaborado por Ecologistas en Acción, en el que se analizan los datos recogidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021 en 480 estaciones oficiales de medición de ozono repartidas por todo el territorio español, señala que para Melilla sólo se ha dispuesto de los datos de la estación móvil ubicada consecutivamente en el Parque Hernández, el Embalse de Rostrogordo y el Campus de Melilla, entre los meses de marzo y julio. También indican que la medición refleja unos datos muy inferior a la mínima establecida legalmente.
Guelaya ha lamentado que, a pesar de que la Ciudad contrató la adquisición de los equipos de medición, éstos tendrán que esperar a que salga a licitación el contrato con la empresa que tiene que usarlos, porque ha faltado personal en la Consejería para redactarlo. "Los melillenses tendremos que esperar todavía medio año para poder conocer la calidad del aire que respiramos", han criticado en una nota de prensa.
La contaminación por ozono debe abordarse como "un problema sanitario de primer orden", han señalado los ecologistas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español. Las personas más afectadas son niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco
Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables. También es necesario ampliar el Área de Control de Emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, penalizar
fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.
La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia viene a corroborar que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación
por ozono.
