El Equipo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Melilla ha intervenido un conjunto de aparejos de pesca ilegales en la Zona de Especial Conservación del Barranco del Quemadero, integrada en la Red Natura 2000. Los agentes localizaron numerosas garrafas flotantes utilizadas como poteras artesanales para la captura de pulpos, cuya proliferación suponía una alta presión pesquera sobre un ecosistema marino de especial sensibilidad.
Según ha informado la Guardia Civil, la actuación se produjo durante un reconocimiento rutinario del litoral melillense. En las proximidades del Barranco del Quemadero, los agentes del GEAS detectaron una amplia zona con un elevado número de garrafas flotantes que, tras su inspección, resultaron ser aparejos artesanales destinados a la captura ilegal de pulpos.
Las artes retiradas consistían en garrafas plásticas de tamaño medio unidas mediante sedal a poteras dotadas de elementos reflectantes o brillantes, además de patas de pollo empleadas como reclamo para atraer a las capturas. El elevado número de aparejos desplegados en la zona provocaba, según la Guardia Civil, una presión pesquera considerable sobre un entorno marino especialmente vulnerable.
La actuación no se limitó a la retirada del material. Los agentes identificaron a los presuntos implicados en las inmediaciones de la zona, a quienes informaron de la prohibición expresa de utilizar este tipo de artes en un espacio protegido. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad competente, que deberá determinar la propuesta de sanción correspondiente.
El Barranco del Quemadero, situado en la zona costera norte del litoral melillense, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación. Este espacio cumple una función clave en la protección de la biodiversidad marina y en el aseguramiento de especies presentes en las costas de la ciudad, lo que convierte cualquier práctica furtiva en su interior en una amenaza directa para el equilibrio del ecosistema.
Con esta intervención, la Guardia Civil sostiene haber evitado un grave daño ambiental sobre la fauna marina melillense, al frenar una actividad que, de haberse prolongado, habría seguido incrementando la presión sobre una zona ya de por sí sensible por su valor ecológico.
