Ya no es un rumor infundado. El director de la Aduana marroquí, Nabil Lajdar, dijo este miércoles en la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes de Marruecos que él es partidario de acabar definitivamente con el comercio atípico en Melilla y Ceuta.
Esto se podría hacer, señaló, de manera escalonada en los próximos cinco o diez años. En todo caso aclaró que la decisión final no le corresponde a él sino al Gobierno marroquí, que podría optar por mantener las cosas como están: “convivir y gestionar”.
Comerciantes de la frontera creen que Lajdar sólo ha echado más leña al fuego de la incertidumbre. “Esto lo hacen para seguir metiéndole presión al empresario de Melilla y Ceuta. Primero dijeron que en febrero y ahora que en diez años”, comentó a El Faro.
En su opinión, “aquí hay gato encerrado”. “El día que no hagamos falta, (la mercancía) no vendrá por aquí. Todo depende de que ellos bajen los aranceles. De lo contrario siempre habrá interés por venir por las ciudades autónomas”, añadió este comerciante.
Mientras en la Cámara de Representantes marroquí se habla abiertamente de cortar por lo sano con el contrabando, que según sus cálculos representa pérdidas anuales para Rabat de entre 1.100 y 1.460 millones de euros (entre 550 y 730 millones salen al año por Melilla), los empresarios de la Asociación de Comerciantes Acsemel han elaborado un listado de reivindicaciones para mejorar la circulación de mercancías por el paso de Barrio Chino.
En el documento al que ha tenido acceso El Faro, los empresarios manifiestan su disposición a dialogar con las autoridades porque su negocio da de comer a muchísimas familias de la ciudad. De hecho, consideran que su fin puede ser un “caos” para Melilla.
Para los comerciantes de la frontera hacen falta soluciones para el “gravísimo problema” que vive el sector desde marzo de 2018. Ellos lo achacan, principalmente, a la “sobrepoblación de furgonetas en Barrio Chino y al efecto llamada de empresarios de otras localidades”. Por eso piden a la patronal CEME que paralice nuevas incorporaciones hasta que se regularice esta actividad.
Para Acsemel es fundamental que los conocidos como “gorrillas” trabajen contratados por una empresa española y estén dados de alta en la Seguridad Social.
También que se exija a las furgonetas del mal llamado comercio atípico que exhiban el número asignado para poder descargar en un lugar visible y de esta forma evitar “malentendidos” y agilizar la entrada atendiendo a un orden. Esto, aseguran, es bueno para las autoridades y para los chóferes. Y mejor aún es si se establece un sistema para que se escuchen las llamadas a la hora de pasar.
Exigen además que se habilite un área de carga y descarga señalizada como zona amarilla, para que los conductores de furgonetas puedan utilizarla atendiendo al número que tengan asignado.
Asimismo solicitan también la habilitación o mejora de los sanitarios que hay en la zona; el asfaltado de las áreas de descarga y la contratación de una empresa privada que se encargue de la seguridad y supervisión de documentación, supeditada o controlada por la Guardia Civil. De esta forma ganan un interlocutor que no varía con los cambios de turno.
Para Acsemel, es necesario que se organice la cola de la COA para evitar que porteadores con bultos suban al bus cuando sólo deberíaan hacerlo quienes mueven mercancía en régimen de viajeros.
Son en total siete propuestas que ellos consideran necesarias para continuar desarrollando su trabajo. Da igual si quedan cinco o diez años, como dice Marruecos. Quieren seguir pasando mercancía ajenos a esta vuelta de tuerca. Lo que tenga que ser, será.
