De forma provisional y con carácter previo al período de alegaciones de particulares. Miguel Marín, consejero de Fomento, espera que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Melilla esté aprobado de forma provisional a finales de enero o principios de febrero próximo, lo que permitiría, tras su período de exposición pública y resolución de alegaciones, que a finales del primer trimestre se encontrara ya en vigor.
El pasado octubre, y después de una primera fase de elaboración y estudio con sectores profesionales especialmente implicados en el urbanismo melillense, el nuevo PGOU entró en su fase de debate en el seno de la Asamblea.
Los responsables de su elaboración por parte de la empresa Laboratorios de Proyectos S.L.P., se reunieron con los distintos grupos políticos con representación en la Asamblea de Melilla, para a partir de ahí iniciar la ronda de discusión en la Comisión Informativa adscrita a la Consejería de Fomento.
Modelo de ciudad
El Plan General de Ordenación Urbana que se anda proyectando aspira a sustituir al vigente desde 1995 y proyecta un planeamiento para la ciudad con vistas a la próxima década, aunque barajando también algunos trazos que permitan prever la Melilla de los próximos 20 años.
El Gobierno local quiere aprobarlo, subrayó Miguel Marín, con el mayor consenso posible. El nuevo plan, según sus autores, tendrá en cuenta el crecimiento demográfico de la ciudad así como lasnecesidad de hacer posible una Melilla más accesible y con mayor equilibrio ecológico y medioambiental.
Analiza con detalle las fortalezas y debilidades urbanísticas de Melilla y concibe la ciudad como un todo que contribuya a superar las distancias que hoy se derivan de una concepción urbana conformada por barrios independientes.
Con vistas a su próxima aprobación, la Asamblea de la Ciudad, con el acuerdo de todos los grupos, salvo el PPL, ya optó el pasado 29 de septiembre por no conceder nuevas licencias urbanísticas en las calles Río Tajo, Capitán Arenas, Díaz y algunas del barrio de 'El Real', a fi de evitar que los promotores urbanísticos puedan hacer uso de “información privilegiada”.
