El presidente Imbroda demandó ayer Justicia para los tres melillenses reclamados por Marruecos que, en dos de los casos, cuentan con nacionalidad española pero no están gozando de la protección que el Gobierno español otorgaría a cualquier nacional de origen y apellidos de inequívoca procedencia latina.
Como hemos subrayado en más de una ocasión, tras la opción de extraditar a estos españoles, se encierra una decisión política de tremendo calado para la ciudadanía melillense en general y la de origen amazigh en particular.
Los españoles no son extraditados a terceros países para ser juzgados. España puede someterlos perfectamente a juicio en nuestro propio territorio por los presuntos delitos que se le imputan.
Si se les trata como marroquíes por su origen o ascendencia obviando su nacionalidad española, se trasmite inevitablemente, entre toda la población melillense de idéntico origen, la idea de que llegado el momento podrían no ser tratados como españoles sino como marroquíes. Un mensaje muy peligroso y nada conveniente para el futuro multicultural que persigue nuestra ciudad.
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