He leído unas declaraciones del consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohand, donde habla de la ética de los consejeros y de los técnicos de su Consejería quienes no se han saltado para nada los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad para la prelación de los vacunados en todo el país. Asegura que ese protocolo se ha respetado cien por cien en Melilla.
Estas afirmaciones se producen el mismo día en que presentó su dimisión su homólogo de Ceuta, Javier Guerrero, con quien a pesar de ser de partidos políticos distintos, uno del PSOE y el otro del PP, sin embargo, a lo largo y ancho de este casi año de pandemia han mantenido una buena relación y el contacto era, si no permanente, al menos con frecuencia.
Se podría entender que es un mensaje dirigido a todos los políticos, tanto autonómicos como locales que se han saltado estos protocolos y que, por las razones que sean, decidieron vacunarse sin respetar, en absoluto, esos protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y que, por supuesto, en las circunstancias actuales, no les tocaba para nada.
Sin embargo, al referirse también a los técnicos, era un mensaje directo para la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y es un mensaje directo porque, en este caso concreto, los técnicos han tenido mucho que ver. Lo explicamos.
En primer lugar, porque el mismo consejero ceutí, cuando dio explicaciones ante los medios de comunicación el pasado jueves, señaló que él no quería vacunarse, pero que eran sus técnicos quienes le habían convencido y que si no lo hacía ellos tampoco. Y además esos mismos técnicos tuvieron un papel primordial en su mantenimiento ese mismo día por parte del presidente de la Ciudad, cuando presentaron un informe con una interpretación algo laxa de los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad donde establecían que el consejero de Sanidad figuraba dentro de esos grupos establecidos.
Indudablemente, al final, la propia presión mediática es la que le llevado al consejero de Sanidad de Ceuta a marcharse a su casa y dejar la política, cuando sus previsiones eran, incluso, ser el candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas de Ceuta si el presidente Vivas decidía marcharse y retirarse. Un caso parecido al propio Juan José Imbroda que ha decidido ser longevo en la vida pública.
Y hablando de ética, por supuesto, que para un político resulta una obligación verdaderamente primordial. Lo que para un ciudadano de la calle no sería algo más allá de una posible inmoralidad para un político se convierte, desde luego, en un pecado mortal, que al final no se soluciona con la penitencia de dos padrenuestros y dos avemarías, sino con la dimisión y dejar la vida pública para siempre.
En nuestro país, la clase política hace muchos años que dejó de ser ejemplar. Esa misma ejemplaridad a la que se refería el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, cuando le preguntaban por el caso del consejero de Sanidad de Ceuta. Una ejemplaridad que debe ser totalmente clara y transparente si pretendemos que los españoles recuperen su creencia en su clase político y no piensen que es un mal que, en definitiva, les toca padecer porque alguien debe llevar los asuntos públicos.
La ética debe ser la primera obligación de un político y más en estos momentos donde no estamos hablando de cosas menores sino de miles de personas que se contagian todos los días, de más de sesenta mil muertos desde que comenzó la pandemia, de personas que han perdido sus puestos de trabajo o que lo pueden perder en los próximos meses, de familias que tenían cierta posición social y que se están viendo obligados a acudir a comedores sociales... Por todas estas razones, la ética no se puede perder nunca y menos en estos momentos.