Nuestro país cuenta con uno de los menores índices de suicidios entre los presos de las cárceles españolas.
Lo aseguró ayer el subdirector general adjunto de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Ángel Juan Nieto, durante la conferencia que impartió en el curso de verano sobre Salud Pública. “España cuenta con una tasa de 4,7 por cada 10.000 internos como media en los últimos 15 años”, apuntó.
Este índice es menor del existente en el resto de países de la Europea occidental. “Para lograr estas cifras óptimas contamos con un programa de prevención en materia de suicidios que hemos estado desarrollando con las diferentes pautas que en el ámbito penitenciario tenemos”, explicó Nieto.
Prevención de suicidios
Se trata de un programa marco adaptado a cada una de las prisiones españolas “por el cual se lleva a cabo una detección de las conductas suicidas”. En éste “se establecen los acuerdos de inclusión en programas de prevención de suicidios y las medidas de tratamiento y vigilancia para que el interno no lleve a cabo la conducta suicida”.
Éste fue el objeto de la conferencia que Ángel Juan Nieto impartió ayer en el Curso Internacional de Verano Ciudad de Melilla sobre ‘Salud Pública: aspectos legales, sanitarios y asistenciales’. La ponencia llevaba por título ‘Prevención de suicidios. La figura del interno de apoyo y el resto de medidas de prevención de la conducta suicida’.
Durante la misma, realizó una exposición de las medidas y tratamiento de la conducta suicida en las prisiones españolas. “El deber de preservar la vida y la integridad de los internos es nuestro ámbito fundamental y en eso estamos. Todos los profesionales que intervienen en el ámbito penitenciario saben que es su principal actuación”, señaló. Además, apuntó a que es tarea de todos, puesto que “cualquier persona que pueda llevar a cabo una acción de las conductas suicidas, incluso los voluntarios que colaboran en las prisiones, pueden darnos la voz de alarma para evitar cualquier tipo de esta conducta”.
Según Nieto, hay muchas posibles causas que pueden llevar a la conducta suicida. “La repercusión mediática de los hechos delictivos que hacen que la persona se vea enfrentada a su propia situación, las rupturas matrimoniales y convivenciales, circunstancias sociales y económicas, familiares o penales hacen que la persona vivencie mal la situación y pueda llevarle al suicidio”, resaltó.
Fraudes alimenticios
Otra de las conferencias que han protagonizado esta quinta y última sesión del curso de verano fue la que lleva por título ‘Fraudes alimentarios nocivos para la Salud Pública’, impartida por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, Juan José González.
El profesor realizó una charla en la que expuso la legislación existente acerca de los fraudes alimenticios, así como el control y supervisión de los mismos. “Puede ser que en las etiquetas de los productos se haya omitido la indicación de ciertas características que pueden ser relevantes para la salud de los consumidores”, señaló González como un ejemplo de este tipo de fraude.
También destacó que puede deberse a que “se haya alterado las indicaciones del etiquetado”, que se hayan incorporados “aditivos, edulcorantes o sustancias que no estén autorizadas” y que todo ellos provoque un riesgo para la salud de los consumidores. También tiene que ver con el transporte de los alimentos y bebidas en el que “no se haya respetado las previsiones dirigidas a garantizar el buen mantenimiento del producto”. Es decir, “todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria desde que su fabricación hasta su distribución a los consumidores”, expuso el catedrático. Para que sea condenado jurídicamente tiene que darse la circunstancia de que “se haya hecho algo mal” y que esto haya determinado “un peligro real para la salud de los consumidores”.
El departamento encargado del control y supervisión de los alimentos es la Administración de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad. Las penas por fraudes alimentarios pueden ir “desde dos años de prisión hasta cuatro o seis en el caso más grave”.
Derecho a la salud
Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba Mariano López Benítez resaltó durante su ponencia que el derecho a la protección de la salud “está dentro de la cláusula del Estado del Bienestar” y que las “exigencias que el derecho de la salud comporta a los ciudadanos son aún mayores en el ámbito penitenciario”, puesto que de su reinserción también depende sus prestaciones sanitarias.
Cuatro ponencias cierran el curso sobre Salud Pública
Cuatro conferencias sobre fraudes alimentarios, drogas, legislación del derecho sanitario y la prevención de los suicidios cerraron en la jornada de ayer el Curso Internacional de Verano Ciudad de Melilla sobre ‘Salud Pública: aspectos legales, sanitarios y asistenciales’ que se llevó a cabo durante esta semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) de Melilla. El presidente de la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Málaga, Federico Morales, impartió una charla sobre el ‘Cultivo, elaboración, tráfico y promoción o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes’, cerrando de esta forma un capítulo de ponencias en las que las drogas y las Instituciones Penitenciarias estuvieron muy presentes. Con este ciclo de conferencias se cierra esta XXV edición de estos cursos.
