En manos del Tribunal de Cuentas, cinco directivos del Puerto de Melilla nombrados por PP y CpM

El interventor delegado territorial de Melilla, José Ignacio Valero, trasladó en diciembre de 2020 a la Subsecretaría de Hacienda un informe relativo a la posible existencia de responsabilidad contable de cinco ex directivos del Puerto de Melilla nombrados desde 2016 por el Partido Popular y Coalición por Melilla.

Tras estudiar el informe, la Subdirección General de Inspección del Ministerio de Hacienda ordenó trasladarlo al Tribunal de Cuentas para que tome cartas en el asunto.

En el documento, al que ha tenido acceso El Faro, el interventor de Melilla considera acreditada la "concurrencia de hechos que pudieran constituir un supuesto de responsabilidad contable" de cinco ex directivos o actuales directivos del Puerto por supuestamente eludir la aplicación de las tasas de actividad y ocupación que realmente corresponden.

Se les acusa de "administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro", una infracción regulada en el artículo 177 1b, de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre.

Los señalados por el interventor son los ex directivos o actuales directivos del Puerto de Melilla nombrados por el Partido Popular Pilar Parra (ex novia de José Luis Almazán, investigado en el caso Lezo), Luis José Ayala Navarro (desde el 2 de febrero de 2017 hasta la actualidad); Miguel Marín (26 de septiembre de 2015 hasta 21 de abril de 2018); Manuel Ángel Quevedo (abril de 2019 hasta el 5 de septiembre de 2019) y el actual presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado por CpM, Víctor Gamero (6 de septiembre de 2019 hasta la actualidad).

El perjuicio económico ocasionado supuestamente alcanzaría los 295.912,14 euros anuales, según cálculos iniciales del interventor, tras detectar presuntas irregularidades en el pago de las tasas de actividad de la Estación Marítima y un restaurante.

En todo caso, esa cifra es sólo una estimación anual, de ahí que el documento no desglose la cantidad imputable a cada uno de los ex directivos o actuales directivos del Puerto de Melilla señalados, que estarían obligados a indemnizar a la Hacienda Pública por el perjuicio económico supuestamente ocasionado.

El documento del interventor recoge que las presuntas irregularidades han sido señaladas "en numerosas ocasiones" en el informe definitivo de auditoría operativa y de cumplimiento del área de ingresos de la Autoridad Portuaria de Melilla de 2017 y 2019; en el informe definitivo de auditoría de cuentas del ejercicio 2019 y en el informe definitivo de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoría de cuentas de 2020 sin que los ex directivos o actuales directivos a los que se les exige responsabilidad contable hubieran "adoptado medidas correctivas".

Asimismo destaca, además, que en la auditoría de cuentas de 2019, cuando el Puerto estuvo dirigido por Marín (de enero a abril de 2019); por Quevedo (era vicepresidente y se convirtió en presidente en funciones en abril de 2019 hasta que en septiembre fue nombrado Gamero) y por el propio Víctor Gamero (último trimestre de 2019) se han detectado otras irregularidades tipificadas en el artículo 177 (a) de la Ley de General Presupuestaria.

En este sentido, el informe advierte de que la responsabilidad contable que se le exige a los ex directivos o actuales directivos del Puerto de Melilla son independientes de la penal o disciplinaria que tengan los mismos hechos por lo que el expediente administrativo por responsabilidad contable se ha tramitado por separado.

Perjuicios económicos

Aparte de los casi 300.000 euros anuales desde 2016 que se exige a los ex directivos y actuales directivos del Puerto de Melilla por el supuesto cobro indebido de la tasa de actividad de la Estación Marítima (160.506,85 euros al año) y de un restaurante (21.771,12 euros anuales), se añaden concesiones puerto-ciudad (77.754,91 euros anuales) y nuevas interacciones de concesiones puerto-ciudad (35.879,26 euros al año).

Tres informes en contra

Fuentes de la Autoridad Portuaria niegan que el informe del interventor territorial de Melilla se ajusten a la realidad y aseguran que existen tres informes de la Abogacía del Estado que niegan las acusaciones.

Presidentes sin competencias

Uno de los escritos de contestación al informe del interventor destacó que si bien éste señala a cinco presidentes o directores del Puerto, las competencias que se les adjudican son del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Esto significa que habría que exigir las indemnizaciones a empresarios, sindicatos, Puertos del Estado, Abogacía del Estado, al capitán Marítimo de Melilla y representantes de la Ciudad Autónoma actuales y anteriores. Estaríamos hablando de entre 25 y 30 personas de distintas procedencias y afinidades políticas, explican a El Faro.

Más dudas sobre la gestión del Puerto

Este informe enviado al Tribunal de Cuentas en enero de 2021 viene a arrojar más dudas sobre la gestión económica del Puerto de Melilla, después de que una auditoría encargada por el actual presidente Víctor Gamero, arrojó un sobrecoste de 9 millones de euros en las obras de ampliación de la Estación Marítima, en tiempos de Arturo Esteban y José Luis Almazán, el ex director de la Autoridad Portuaria que fue grabado pidiendo mordidas para satisfacer a sus jefes y financiar elecciones europeas.

Lo último que se supo del caso Lezo es que en octubre de 2021 la voz de Almazán fue identificada en los audios que grabó en 2009 Paulino Hernández, un ex directivo de la constructora OHL, al que el secretario de Desarrollo Económico del PP de Melilla le pedía 400.000 euros de comisión a cambio de aprobarle un incremento del 30% en el presupuesto de ampliación de la Estación Marítima de Melilla.

Esa auditoría desveló también que la Autoridad Portuaria de Melilla hizo un pago de 1,7 millones de euros a OHL después de haber firmado un acuerdo de que no había deudas pendientes.

Arturo Esteban, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla (PP), acordó pagar 1,7 millones de euros a la UTE formada por la constructora OHL y Elsan Pacsa, encargada de las obras de la nueva Estación Marítima del Puerto de Melilla, el 15 de septiembre de 2010.

Sin embargo, Almazán había firmado en 2009 un contrato con la UTE, a través del cual la Autoridad Portuaria y la constructora acordaban que a partir de este momento no tenían deudas pendientes.

Un informe de la Abogacía del Estado ha declarado nulo ese pago y ve indicios de posible responsabilidad ya que “la combinación del ánimo defraudatorio y ocultación hace de alguna manera que pueda suponer que hay indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos", según explicó en rueda de prensa el actual presidente del Puerto, Víctor Gamero.

El Puerto de Melilla, en números rojos

Atrás quedó la bonanza de otros tiempos. El Puerto de Melilla cerró el año 2020 en número rojos con pérdidas de 7 millones e ingresos de 5 millones de euros. Sobrevive gracias a los  8,7 millones del Fondo de Compensación Interportuario.  La cifra es inferior a la que recibirá Ceuta.