El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad autónoma, Jesús Ruiz Barranco, ha apuntado este martes la necesidad de crear una unidad específica de ciberdelincuencia, dentro de la Unidad de Policía Judicial, en la Jefatura Superior de Policía de Melilla.
Actualmente no existe y los agentes que se dedican a investigar estos delitos forman parte de la Policía Judicial. Pero el secretario general del SUP no lo entiende: “Todo se tiene que especializar porque cada día vemos que la delincuencia cada día está más organizada y va por delante siempre de la Policía en estos asuntos. No sé si mucho, pero por eso digo que tenemos que especializar a la Policía, catalogar esa especialización y reconocerla económicamente para que estos delitos se puedan prevenir con más anticipación”.
Ruiz Barranco apuesta, además de por la creación de la unidad, por dar la formación “necesaria” y la catalogación para que esta especialidad se vea remunerada dentro de la Unidad. Eso es, en su opinión, lo que se necesita “para atajar este tipo de delincuencia, que está causando verdaderos estragos en la economía de muchas personas, que normalmente dependen de su sueldo”.
También ha reclamado el máximo representante del SUP en Melilla más personal, porque, tal como explica, si se están cometiendo más delitos de este tipo, tal como muestra el balance de criminalidad que periódicamente emite el Ministerio del Interior, tiene que haber más personas que se dediquen a estas investigaciones, que además suponen un trabajo “lento y complicado”.
El dirigente del SUP afirma que actualmente las investigaciones se hacen, pero con las "trabas" que supone este tipo de delincuencia que se comete por personas que pueden estar en cualquier parte del mundo.
Cabe señalar que, según el informe correspondiente al primer trimestre de este año en España, el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2025 sumó un total de 589.683, con un descenso del -2.8 por ciento sobre el año 2024. De dicha cifra, un total de 468.104 delitos (79,4 por ciento del total) se correspondieron con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del -3,2 por ciento por ciento sobre 2024), en tanto que la cibercriminalidad (121.579 infracciones penales, el 20,6 por ciento del total), presentó, en este caso, un decrecimiento del -1,2 por ciento sobre 2024. La tasa de cibercriminalidad se situó en este informe en 9,5 delitos por cada mil habitantes.
Unas investigaciones complicadas
En este sentido, Ruiz Barranco insiste en que las investigaciones para este tipo de delitos -que empezaron a resurgir con fuerza desde la pandemia, aunque ya existían hace mucho tiempo- no son sencillas, porque la persona que comete la estafa puede estar en cualquier parte del mundo. Los engaños pueden ser llevados a cambo vía SMS, correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra red social que se utilice como anzuelo o ‘pishing’ para que los usuarios revelen información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales. “Pueden destrozarte económicamente o incluso coger tus cuentas de correo y contraseñas”, advierte el representante del SUP.
Normalmente las investigaciones nacen de una denuncia por parte de la persona que ha sido estafada -habitualmente a la Policía Nacional o a la Guardia Civil- a partir de la cual la investigación sigue el hilo de los teléfonos que se han utilizado por parte de los delincuentes para acceder a sus víctimas. Entonces comienzan las investigaciones operativas y se pide a empresas como Google o WhatsApp analizar los mensajes o que le sean enviadas las llamadas.
¿Qué es la cibercriminalidad?
La cibercriminalidad es un fenómeno complejo que trasciende las fronteras físicas. Va más allá de simples actos delictivos perpetrados en el mundo virtual; es una manifestación de la intersección entre la tecnología, el crimen y la sociedad moderna.
En su esencia, la cibercriminalidad abarca una amplia gama de actividades ilícitas que se llevan a cabo utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas actividades van desde el robo de datos y la estafa en línea hasta el ciberespionaje y el sabotaje de infraestructuras críticas.
Lo que hace que la cibercriminalidad sea especialmente desafiante es su carácter transnacional y su capacidad para adaptarse rápidamente a las medidas de seguridad existentes. Los ciberdelincuentes operan en un entorno sin fronteras, aprovechando la anonimidad y la ubicuidad de Internet para perpetrar sus fechorías desde cualquier lugar del mundo.
La cibercriminalidad también plantea desafíos únicos en términos de investigación y aplicación de la ley. La complejidad técnica de los delitos cibernéticos, junto con la falta de un marco legal internacional sólido, dificulta la identificación y persecución efectiva de los delincuentes cibernéticos.
Además, la cibercriminalidad no se limita a individuos malintencionados; también incluye actividades perpetradas por grupos organizados y actores estatales con agendas políticas o económicas. Estos actores pueden estar motivados por el lucro, el poder o la búsqueda de información estratégica.
En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, la lucha contra la cibercriminalidad se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Requiere un compromiso continuo y una adaptación constante a medida que evolucionan las amenazas y las tecnologías.
En el marco de la ciberdelincuencia, se pueden distinguir entre los tipos de estrategias que se llevan a cabo para realizar un ciberataque. De hecho, a menudo, los cibercriminales combinan prácticas distintas para lograr un mismo propósito.
En cualquier caso, la infección mediante malware o programa malicioso es un elemento central en la mayoría de los ciberdelitos. El malware es un programa informático que se ejecuta sin autorización del propietario o usuario del equipo y que lleva a cabo funciones que son dañinas para la víctima. Existen distintos tipos de programa malicioso, tales como virus, gusanos, troyanos o programas espía, entre otros. Según el informe de ACCIÓ y l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el correo electrónico se consolida como el principal canal de distribución de malware, ya que se utiliza en el inicio del 84% de los ciberataques.
Las funciones de cada tipo de malware son distintas según su finalidad. Como, por ejemplo, recoger o borrar información sobre las víctimas, así como inhabilitar por completo un sistema. El robo de credenciales es una de las actividades más comunes. A menudo, este tipo de estrategia supone un paso previo para desarrollar otro tipo de ciberdelitos. De hecho, según el mismo informe, en la dark web circulan 24.600 millones de credenciales completas.
