El SUP lamenta los incidentes vividos en la última etapa de la Vuelta a España

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario de la Policía Nacional, denuncia con absoluta indignación que los incidentes vividos en la última etapa de la Vuelta ciclista a España confirman, de manera dolorosa, lo que advirtió por la mañana en la concentración de la UIP frente al Complejo Policial de Moratalaz: los policías de la UIP se sienten abandonados a su suerte por el Ministerio del Interior.

Las protestas en manifestaciones y concentraciones están amparadas en el artículo 21 de la Constitución Española, pero el SUP recuerda que no debe olvidarse que conforme al mismo precepto tal derecho puede y debe ser limitado por la autoridad gubernativa cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Además, añade que el ejercicio de ese derecho debe ser estrictamente pacífico. En definitiva, tal como dice el sindicato, los derechos constitucionales, aun los más protegidos, tienen límites, y es responsabilidad de los gobernantes adoptar las medidas necesarias para que no se traspasen.

A ello se une lo recogido en el artículo 558 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses a quienes perturben gravemente la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

Lo ocurrido este domingo, desde el punto de vista del SUP, ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la Policía, todo por conveniencia política. "Ha quedado demostrado fehacientemente que

el dispositivo ha sido totalmente insuficiente. Se ha atado a los Policías Nacionales de pies y manos. En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado", afirma el comunicado.

Según el SUP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciclistas y de ofrecer la imagen de un cuerpo policial fuerte y un dispositivo sólido, ha optado por lo contrario: alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y

dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su parte, sigue mirando hacia otro lado ante sus "justas" reivindicaciones, y así se ha demostrado de manera incontestable que el dispositivo ha sido claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos.

"Los políticos, con sus órdenes, han comprometido nuestra seguridad en la actuación. Se ha visto a grupos de compañeros totalmente rodeados, en una situación de riesgo intolerable. No podemos dejar en manos de intereses políticos la actuación de la Policía. Los criterios operativos y la seguridad ciudadana deben estar por encima de titulares y cálculos políticos. Hoy, de nuevo, se pliega la actuación de la Policía a intereses políticos, y eso pone en juego no solo la dignidad, profesionalidad e imagen internacional de los policías nacionales, sino también la seguridad de todos", concluye la nota.