Tras conocer que en 2021 se registró el mayor número de condenas por atentado a la autoridad de la última década en España, con un total 14.660, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha vuelto a exigir que sean tenidas en cuenta las organizaciones sindicales de la Policía Nacional en la elaboración de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que "favorece la impunidad de los delincuentes" y "potencia la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías".
El sindicato, que ha pedido la retirada de varios artículos de la citada reforma ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y los grupos parlamentarios, ha resaltado que las últimas estadísticas demuestran que ha habido un aumento cercano al 20% en las condenas por agredir a funcionarios públicos y a agentes, ya que antes había una media de 12.000 condenas anuales por este delito.
En palabras del SUP, en "un contexto social y económico complicado que no tiene visos de mejorar" y "la quiebra del principio de autoridad", "lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de finales de este año una reforma a la baja de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana".
Además, ha detallado que la nueva reforma, "ya pactada al 80%", pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes, recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos de carácter multitudinario, o retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo.
La norma también dispone rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en las actas policiales, y levantar la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones del Gobierno.
Habrá que estudiar este aumento de agresiones a agentes policiales.