El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado con firmeza la reciente Instrucción 7/2025 emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, que permite el consumo y la tenencia de drogas en vehículos estacionados sin que ello implique sanción administrativa ni intervención policial. Según el SUP, esta normativa supone un grave retroceso en materia de prevención, desarma a los agentes e incrementa el riesgo de tragedias en las carreteras españolas.
El sindicato alerta de que, a partir de la entrada en vigor de esta instrucción, cualquier persona puede consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo aparcado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos. “Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior”, señalaron desde el SUP, reflejando la indignación generalizada que la medida ha generado entre los agentes de todo el país.
Para los portavoces del sindicato, el principal problema radica en que la nueva norma neutraliza completamente la labor preventiva de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta ahora, los agentes contaban con herramientas legales para intervenir en situaciones de consumo de drogas dentro de vehículos, evitando así posibles tragedias. Sin embargo, la instrucción actual los deja de manos atadas, sin margen de acción hasta que los infractores ya estén circulando por la vía pública.
Además del riesgo directo para la seguridad vial, el SUP advierte del impacto social de la medida. Consideran que la instrucción envía un mensaje devastador a la ciudadanía, al normalizar el consumo de drogas en entornos relacionados con la conducción. “¿Quién se hace responsable si eso termina en un accidente? ¿Quién protege a los conductores inocentes, a las familias que viajan cada día por nuestras carreteras?”, cuestionan desde la organización sindical, que insiste en que la permisividad adoptada solo beneficia a quienes actúan al margen de la ley.
La crítica del SUP también alcanza a las políticas de prevención desarrolladas en los últimos años por organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT). Según el sindicato, esta instrucción deja en papel mojado los esfuerzos de concienciación impulsados para reducir el consumo de drogas al volante y prevenir accidentes. La percepción es que, al eliminar la capacidad de intervención previa de los agentes, se está desmantelando de facto todo el entramado de prevención construido hasta la fecha.
En este contexto, el SUP exige al Ministerio del Interior la retirada inmediata de la Instrucción 7/2025 y reclama una rectificación urgente. Consideran que mantener esta política no solo socava el trabajo policial, sino que convierte las carreteras españolas en un auténtico “campo minado por la irresponsabilidad”. Desde la organización insisten en que no permanecerán en silencio ante una decisión que, a su juicio, debilita la autoridad del Estado, desprotege a los ciudadanos y pone en peligro vidas humanas.
Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido declaraciones oficiales sobre la denuncia del SUP ni sobre las críticas surgidas desde otros sectores policiales. Sin embargo, la polémica crece a medida que más voces se suman al rechazo de una instrucción que, lejos de fortalecer las medidas de seguridad, parece favorecer un clima de impunidad.
El SUP recalca que el problema va más allá del ámbito estrictamente policial. “Estamos hablando de vidas humanas, de familias enteras que pueden quedar destrozadas por decisiones políticas erradas”, subrayan desde el sindicato. Con su denuncia pública, buscan abrir un debate urgente en el que se aborde la necesidad de políticas coherentes y eficaces para garantizar la seguridad vial y reforzar la lucha contra el consumo de drogas en contextos vinculados a la conducción.
La organización sindical concluye que es imprescindible revaluar esta instrucción desde una perspectiva integral, que contemple tanto la protección de la ciudadanía como el respeto al trabajo de los agentes encargados de velar por la seguridad de todos. Mientras no se tomen medidas, advierten, las carreteras seguirán siendo un espacio de alto riesgo para miles de conductores inocentes.
Que atrocidad, a donde nos quieren llevar (es que los que dictan las instrucciones, se basan en la propia experiencia de presuntos porreros y drogadictos), como educar a nuestros hijos, con que soporte, en un País de estupefacientes, es que no cuentan con los medios necesarios para suprimirlos, o es que ni quieren, ni pueden. Por otro lado, marca la desigualdad, entre los que tienen coche y los que no los tienen. A ver si estos interfectos intelectuales, presuntamente, dejan de hacer cipotadas y de ser lechuguinos, corrigiendo lo tan deficientemente instruido.