El alquiler de los locales de la Estación Marítima por parte de Promesa será otra de las preguntas.
El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Gregorio Escobar, adelantó ayer algunas de las preguntas e interpelaciones que presentará al Gobierno en la sesión de control del próximo viernes. Entre ellas se encuentra el alquiler de unos locales en la Estación Marítima que Promesa pagó durante 34 meses y los llamados ‘caso Tribugest’ y el ‘caso Iglesias’. Para el socialista, estos últimos ejemplos muestran el “oscurantismo absoluto del Gobierno local sobre cuestiones que afectan a los melillenses”.
Escobar consideró que el gasto de más de un millón de euros en unos locales vacíos es “un ejemplo de despilfarro del Gobierno local, mientras exige austeridad a los ciudadanos”. Además, recordó que el presidente Imbroda aprovechó el discurso institucional del Día de Melilla en 2008 para anunciar la llegada de una empresa de telemárketing que crearía 400 puestos de trabajo. Tras saber que esta empresa no se implantaría en la ciudad, el líder socialista aseguró que el Ejecutivo melillense empezó “una huida hacia adelante”, asegurando estar en negociaciones con otras sociedades empresariales del sector, recordó.
“Al final reconocieron su incapacidad, tras 34 meses y un millón de euros tirados a la basura”, señaló Escobar, quien agregó que con ese dinero se podría haber formado a 300 o 400 desempleados o que se podría haber atendido a un 50% más de familias desfavorecidas.
Caso ‘Tribugest’
Una de las dos interpelaciones socialistas se centrará en el llamado ‘caso Tribugest’. “Hemos tenido que conocer casi de forma fortuita que Tribugest ya no es la empresa que gestiona la recaudación de impuestos sino Getyr, creado al efecto y que se quedó con un contrato que supone dos millones de euros de beneficio al año”.
Escobar recordó que en 2006, cuando se adjudicó este contrato, el PSOE planteó un convenio con la Agencia Tributaria para que fuese este organismo público el encargado de recaudar el IBI o el IPSI a los melillenses. Algo que hubiese resultado mucho más barato paras las arcas públicas, habida cuenta de que dicho convenio no hubiese implicado más coste que el del gasto del servicio a prestar.
Ahora este servicio está en manos de una tercera empresa, que tiene acceso a los datos de los ciudadanos, con el agravante, según argumentó Escobar, de que obtiene beneficio si hay intereses de demora en el cobro de los impuestos. Además, el cambio de titularidad no pasó por la Comisión de Economía y Hacienda ni por Consejo de Gobierno ni por la Asamblea, a pesar de que el mismo pliego de condiciones del contrato recoge como infracción muy grave la cesión del contrato sin la previa autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla y que está penalizado con una multa, ahondó el socialista.
Todo ello, motivó al PSOE a pedir un informe jurídico a los servicios de la Ciudad Autónoma para esclarecer el asunto.
Viviendas, títulos de buceo y facturas
Los socialistas preguntarán por dos proyectos para la construcción de rotondas y si éstos se ajustan a las conclusiones del Plan Diagnóstico de Movilidad, presentado recientemente; por la adjudicación de una VPO a la hija del ex presidente de Emvismesa; por qué Horcas Coloradas no se abrirá al público este verano, después de tres años de su inauguración y por los motivos del cese del jefe de Negociado de Deportes Náuticos de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Juan José Collado, después de estar 8 años en el cargo y si tiene algo que ver con la trama de títulos de buceo por la que dimitió el viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino.
