El PSOE de Melilla ha aplaudido la aprobación definitiva de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que el Congreso de los Diputados ratificó el pasado 20 de marzo. Esta nueva normativa, impulsada por el Gobierno central, pretende reducir de forma significativa la cantidad de alimentos desechados por los ciudadanos, mejorar el aprovechamiento de los excedentes alimentarios y promover una mayor concienciación entre los consumidores españoles.
El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Melilla y diputado en la Asamblea, Rafael Robles, ha destacado que esta ley supone un “hito legislativo con impacto económico, social y ambiental”. Según explicó, los socialistas llevan tiempo trabajando en este ámbito y presentaron en noviembre de 2023 una moción ante el Gobierno local —presidido por el Partido Popular— para iniciar medidas concretas de sensibilización en la ciudad. No obstante, la propuesta fue rechazada. “Si se hubiera aceptado, Melilla estaría hoy más preparada para cumplir con la nueva ley”, lamentó.
La ley de referencia establece que todas las empresas de la cadena alimentaria, incluyendo supermercados y establecimientos de hostelería, deberán desarrollar planes de prevención del desperdicio que se ocasione. Estos deberán contemplar acciones técnicas, económicas y medioambientales para reducir los residuos alimentarios y contarán con mecanismos de seguimiento y evaluación.
En Melilla, el PSOE ha empezado a aplicar algunos de los principios de esta ley en sus propios eventos, ofreciendo envases reutilizables a los asistentes para que puedan llevarse la comida sobrante. La moción presentada por los socialistas también incluía propuestas para los hogares, como la correcta conservación de los alimentos, el uso adecuado del frigorífico y congelador, y el fomento del reciclaje mediante envases reutilizables.
Además, desde las instituciones gestionadas por el PSOE, como la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Educación, se han puesto en marcha campañas educativas en colegios públicos y concertados para enseñar a los jóvenes a reducir, reutilizar y valorar los alimentos.
Controversia política
Pese al apoyo del PSOE y de los partidos que respaldan al Gobierno, la tramitación de la ley no ha estado exenta de controversia política. El Partido Popular se abstuvo en la votación final, y ha denunciado que varias de sus enmiendas aprobadas previamente por el Senado fueron eliminadas del texto sin su consentimiento. Entre ellas, figuraba una propuesta para bajar el IVA de los alimentos básicos, una medida que, según los populares, habría supuesto un alivio para millones de familias.
La eliminación de estas enmiendas fue decidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo que ha generado fuertes críticas por parte del PP. A través de un comunicado, los populares denunciaron una “decisión unilateral” que, en su opinión, “impide mejorar el contenido de una ley que podría haber contado con un mayor consenso político y social”.
“El PSOE ha perdido una oportunidad para hacer una norma más justa y efectiva. Se han negado a aceptar nuestras propuestas para abaratar la cesta de la compra”, afirman desde el grupo parlamentario popular, que acusa al Ejecutivo de priorizar criterios ideológicos sobre las necesidades de los ciudadanos.
Por su parte, el portavoz socialista Rafael Robles sostiene que la responsabilidad en la lucha contra el desperdicio es colectiva y va más allá de las diferencias partidistas. “Los socialistas no solo hemos impulsado esta ley a nivel nacional, sino que seguimos trabajando en Melilla para que todos los sectores estén preparados para aplicarla”, concluyó.
Con esta ley, el Gobierno pretende también contribuir a los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea, además de fomentar una cultura de aprovechamiento alimentario que tenga impacto directo en la economía familiar y el medioambiente, según han asegurado los socialistas.
