El PSOE de Melilla ha acusado al Partido Popular de haber dado un giro hacia posiciones de la ultraderecha en materia migratoria tras su rechazo al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros, una medida que, según los socialistas, los populares respaldaron anteriormente y que responde a una realidad social existente en España.
La secretaria de Transición Ecológica del PSOE local, Lucía Rubio, ha cuestionado este cambio de postura recordando que “el Partido Popular apoyó esta iniciativa en 2024”, por lo que se ha preguntado “¿qué ha cambiado? ¿Han cambiado los migrantes?”. A su juicio, “a lo mejor lo que ha cambiado es que el Partido Popular está aceptando el discurso de la ultraderecha”.
Rubio ha criticado el uso de mensajes que vinculan inmigración y delincuencia, alertando de sus efectos en la convivencia y en la percepción social del fenómeno migratorio. En este sentido, ha denunciado declaraciones del PP en las que, según afirma, “está estigmatizando a todo un colectivo”, después de que la diputada Sofía Acedo haya hablado de “regularizar a miles de delincuentes”.
Frente a estas afirmaciones, la dirigente socialista ha subrayado que la regularización establece requisitos concretos, como acreditar la estancia en España, cumplir determinados plazos y carecer de antecedentes penales, lo que, según ha señalado, contradice ese tipo de planteamientos y limita el alcance de la medida.
Asimismo, Rubio ha defendido la iniciativa como una respuesta “legal, ordenada y excepcional” a una realidad ya existente. “Estamos hablando de personas que ya viven en nuestro país, que ya trabajan”, ha indicado, subrayando que forman parte de la vida cotidiana aunque lo hagan desde la inseguridad y la precariedad.
“Hablamos de dar una respuesta legal, ordenada y excepcional a personas que ya están aquí, personas que están siendo vulnerables a la explotación laboral, al abuso, a la invisibilidad”, ha añadido la responsable socialista en sus declaraciones.
El PSOE de Melilla sostiene que esta iniciativa no implica abrir las fronteras ni fomentar nuevas llegadas irregulares, rechazando el llamado efecto llamada. Según Rubio, se trata de ofrecer una respuesta “responsable, ordenada y basada en la realidad, no en prejuicios” a personas con arraigo en España.
