El PP impulsa en Europa que policías, guardias y militares sean profesión de riesgo en España

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva política en el Parlamento Europeo para lograr que se apruebe una directiva que obligue al Gobierno de España a considerar como profesiones de riesgo a los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, los funcionarios de prisiones y los agentes de aduanas y fronteras. Así lo ha anunciado la diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, quien ha defendido que esta propuesta es una muestra del compromiso de su formación con los profesionales que garantizan la seguridad, el orden y las libertades en el país.

Según Acedo, el objetivo principal de esta directiva es “proteger a quienes nos protegen”, dotando a estos colectivos de herramientas legales, laborales y sociales que reconozcan la naturaleza de riesgo de sus funciones. En su opinión, estos trabajadores públicos llevan años siendo objeto de abandono institucional y político por parte del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. “Este Gobierno opta por situarse del lado del delincuente, mientras castiga y olvida a quienes se juegan la vida por los demás”, ha denunciado.

Uno de los puntos clave de la propuesta es que las agresiones contra los cuerpos y fuerzas de seguridad sean consideradas eurodelitos, es decir, delitos que afectan al conjunto de la Unión Europea por su gravedad y por su impacto en los valores fundamentales de la democracia, el orden público y la legalidad. Esta calificación permitiría una persecución judicial más eficaz y coordinada a nivel europeo, además de endurecer las consecuencias legales para los agresores.

Acedo ha señalado que en los últimos años se ha producido un incremento notable de agresiones a policías y guardias civiles, especialmente en intervenciones relacionadas con el narcotráfico, la delincuencia organizada o el control fronterizo. “Esta situación no puede normalizarse ni banalizarse. Es nuestra responsabilidad darles respaldo legal y político para que puedan seguir desarrollando su labor con garantías”, ha afirmado.

La propuesta del Partido Popular incluye también medidas relacionadas con la jubilación anticipada de estos profesionales. Según argumenta la formación, el desempeño de estas profesiones implica una exigencia física y psicológica superior a la media, por lo que resulta lógico y justo que puedan retirarse antes que otros trabajadores. En ese sentido, Acedo ha insistido en que “adaptar la edad de jubilación a la naturaleza del trabajo es una cuestión de justicia laboral y de salud pública”.

Este movimiento del PP en el ámbito europeo no es aislado. Viene precedido de una larga serie de demandas por parte de los propios colectivos afectados, que llevan años reclamando una mayor atención institucional. La plataforma Jusapol, que agrupa a policías nacionales y guardias civiles, ha sido una de las más activas en este terreno. En un artículo reciente publicado por El Faro de Melilla, representantes de esta organización expresaban su agradecimiento a Sofía Acedo y otros cargos del PP por el apoyo recibido en sus reivindicaciones, que incluyen también la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, mejoras en los medios materiales y humanos, y el reconocimiento de su labor como una profesión de riesgo.

Acedo ha criticado que la propuesta del PP ha sido bloqueada en reiteradas ocasiones por el Gobierno de Sánchez, tanto en el Congreso de los Diputados como en instituciones europeas. Según ha explicado, “esta resistencia evidencia una falta de voluntad política para atender una demanda legítima y ampliamente respaldada por los ciudadanos”. En su opinión, el Ejecutivo no ha mostrado interés en avanzar en esta línea, a pesar de que se trata de una medida de carácter estructural que beneficiaría al conjunto de la sociedad.

Desde el Partido Popular, confían en que el respaldo mayoritario a esta directiva en el Parlamento Europeo sirva para aumentar la presión institucional y mediática sobre el Gobierno central. Acedo ha asegurado que su formación “no cejará en su empeño” por lograr que esta iniciativa se convierta en una realidad legal. “Estamos convencidos de que es el momento de actuar. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras los profesionales de la seguridad son agredidos, ninguneados y desprotegidos por quienes deberían defenderlos”, ha sentenciado.

La diputada por Melilla concluye señalando que este tipo de acciones no solo buscan mejorar las condiciones laborales de estos colectivos, sino también “reforzar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”. A su juicio, reconocer el riesgo inherente a estas profesiones es “un acto de justicia, de gratitud y de responsabilidad política”.