Las 14 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular exigieron este martes la dimisión del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante la Conferencia Sectorial celebrada este pasado martes. Los representantes autonómicos denunciaron la “falta de liderazgo” del Ministerio, la ausencia de diálogo institucional y acusaron al Gobierno central de “utilizar el turismo para ocultar su fracaso en materia de vivienda”.
La reunión, convocada tras más de dos años sin celebrarse, fue calificada por las comunidades del PP como una cita que no responde a una voluntad real de cooperación. En una declaración conjunta, los consejeros señalaron que la convocatoria constituye “una reacción tardía de un Ministerio que ha gobernado de espaldas a los territorios y al principal motor económico del país”.
Uno de los principales puntos de fricción abordados en la Conferencia fue la gestión de los fondos europeos Next Generation destinados al sector turístico. Los responsables autonómicos consideran que la flexibilización de estos fondos “llega tarde” y que debería haberse aplicado “al menos hace un año”. Según expusieron, adoptar esta medida en el momento actual “no mejora la ejecución ni ayuda al sector” y pone de manifiesto, a su juicio, una forma de gobernar que no tiene en cuenta a quienes gestionan directamente estos recursos y conocen la realidad de los destinos turísticos.
Las comunidades gobernadas por el PP también criticaron la ausencia de cuestiones que consideran fundamentales para el desarrollo del sector. En concreto, denunciaron la falta de liderazgo del Ejecutivo en ámbitos como la conectividad, las infraestructuras y el transporte. Según apuntaron, estas materias han estado fuera del debate político y tampoco han tenido un papel destacado en la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, que, sostienen, fue elaborada sin participación autonómica y al margen del reparto competencial.
El enfrentamiento se intensificó especialmente en relación con la política estatal de vivienda. Los consejeros del Partido Popular reprocharon al Ejecutivo la “grave utilización” del alojamiento turístico como “coartada” para desviar la atención de los problemas de acceso a la vivienda. En su declaración conjunta afirmaron que, en lugar de abordar las dificultades estructurales en esta materia, el Gobierno “señala al turismo y lo carga de más burocracia y restricciones”.
En este contexto, insistieron en que “el turismo no puede seguir pagando los errores de otros ministerios ni la falta de gestión del Gobierno”. Para las comunidades del PP, el señalamiento del alojamiento turístico responde a una estrategia que pretende situar al sector como responsable de una situación que atribuyen a la Ley estatal de Vivienda.
Asimismo, recordaron que la Comisión Europea ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad del registro único de alquileres, una medida que calificaron como “creada artificialmente por el Gobierno”. Según expusieron, se trata de una normativa estatal “mal diseñada, que invade competencias y genera inseguridad jurídica”.
A juicio de las comunidades firmantes de la declaración, este registro provoca un perjuicio económico “grave y directo” al sector turístico. En concreto, sostienen que expulsa del mercado a pequeños propietarios que cumplen la ley, destruye rentas familiares, reduce la actividad económica local y pone en riesgo la oferta alojativa en numerosos territorios donde el turismo constituye la principal fuente de empleo y riqueza.
Los consejeros autonómicos añadieron que la normativa estatal “no reduce la oferta ilegal”, sino que, por el contrario, “penaliza a quien cumple” y vuelve a utilizar al turismo como “cortina de humo” ante la ausencia, según defienden, de una política de vivienda eficaz.
Estas declaraciones se enmarcan en una línea crítica que ya ha sido expresada en anteriores ocasiones por dirigentes del Partido Popular. En el ámbito local, el consejero Miguel Marín ha manifestado recientemente su desacuerdo con las posiciones del PSOE en materia de vivienda, en un contexto de creciente confrontación política sobre la gestión de este asunto.
Con esta nueva petición de dimisiones y el endurecimiento del discurso en la Conferencia Sectorial, las comunidades gobernadas por el PP elevan el tono frente al Ministerio de Industria y Turismo y sitúan el debate sobre vivienda y turismo en el centro de la confrontación institucional.
