El Pleno del Senado aprobó este miércoles una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para modificar la Ley de Extranjería y permitir el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla tanto en las entradas por tierra como por mar. La iniciativa se debatió el día en que se cumplían dos meses de la entrada masiva en Ceuta del 30 y 31 de julio, y el PP la presenta como la respuesta al "vacío legal" que, según sostiene, dejó la sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos por vía marítima.
La reforma afecta a la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta ya recoge un régimen especial de rechazo en frontera para las dos ciudades autónomas, por su condición de fronteras exteriores de España y de la Unión Europea.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, defendió una reforma "mínima, precisa y garantista". Su finalidad, explicó, es aprobar "un mecanismo rápido, seguro y con todas las garantías para el rechazo de inmigrantes irregulares que intentan acceder ilegalmente a Ceuta y Melilla", devolver la normalidad a Ceuta y evitar que se repita lo ocurrido a finales de julio.
García acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar como excusa durante la crisis de Ceuta la interpretación de la sentencia del Supremo publicada el 8 de julio. Recordó que el PP registró esta misma iniciativa en el Congreso el 16 de julio, donde, según denunció, sigue bloqueada. "Si la votan se acaba la excusa; y si no la votan, España sabrá que la excusa les venía bien", advirtió al PSOE.
La portavoz popular reprochó además que el Consejo de Ministros aprobara el martes dos decretos urgentes y "para Ceuta ninguno", y que el Ejecutivo se limitara a instalar una boya tras la entrada masiva. "Frente a su boya nosotros traemos una ley", afirmó. También aseguró que el CNI alertó el 29 de julio de un llamamiento a un asalto por valla y mar y avanzó que se aclarará en la Comisión de Investigación del Senado.
Por su parte, la senadora ceutí Cristina Díaz pidió cerrar el "vacío legal" que, a su juicio, afecta a las dos ciudades. "Una ley no evitará por sí sola cualquier crisis, pero sí puede corregir esta vulnerabilidad jurídica y ofrecer una herramienta clara para actuar en la frontera", señaló.
Díaz se dirigió a la bancada socialista para advertir de que "quien vote en contra tendrá que explicar a los ceutíes y melillenses por qué mantiene abierta una vulnerabilidad". Frente a quienes defienden que la frontera es segura, replicó que "si la frontera funcionase, no hubiesen entrado 80.000 personas en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados". Cerró su intervención con un llamamiento: "No volvamos a lamentar mañana lo que hoy podemos prevenir".
La diputada nacional del PP por Melilla y portavoz de inmigración del partido, Sofía Acedo, presentó esta proposición en la ciudad a finales de julio, tras la sentencia del Supremo que restringió el rechazo en frontera a los casos en que se superan elementos físicos de contención. Acedo citó entonces datos del Ministerio del Interior que situaban el aumento de las entradas irregulares en un 150% en Ceuta y un 46% en Melilla.
