El pleno de la Asamblea de Melilla ha aprobado este miércoles por mayoría absoluta el reconocimiento extrajudicial de crédito a la empresa Alvalop, por un valor de algo más de 3.000 euros, correspondiente a un contrato puente entre dos adjudicaciones del servicio. La medida ha generado debate entre la diputada de CpM, Dunia Almansouri, y la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, sobre la gestión de los pagos a los trabajadores y la responsabilidad de la empresa.
Almansouri ha abierto el debate recordando que este tipo de expedientes ya habían pasado por pleno con anterioridad, y que en otra ocasión se habían aprobado pagos a Alvalop por más de 150.000 euros. “Ese momento era el ideal para deshacernos de esta empresa, que maltrata a los trabajadores, que no paga y que sigue sin cumplir con sus obligaciones”, afirmó la diputada.
La parlamentaria criticó la actuación de la Consejería, asegurando que no se había retenido ningún pago a la empresa a pesar de los retrasos salariales que afectan a los trabajadores. “Están ustedes todavía con los expedientes correspondientes a la penalización por incumplimiento del contrato, pero en ningún momento han iniciado un expediente para sancionar a esta empresa por el impago de las nóminas, que es lo primero que deberían haber hecho”, señaló Almansouri.
La diputada insistió en que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a la administración a velar por el cumplimiento del contrato y por los intereses de los trabajadores, algo que, a su juicio, no se ha cumplido.
También criticó que los expedientes sancionadores se iniciaran en junio de 2025, cuando los problemas comenzaron en octubre de 2023, lo que representa un retraso de casi dos años en la protección de los empleados.
La diputada ha denunciado además las consecuencias directas para los empleados. Salarios retrasados, dificultades para cubrir gastos mensuales y deudas, e incluso cambios arbitrarios de turnos por parte de la empresa. “Da igual que sean 3.000, 2.000 o 1.000 euros. Esta empresa no se merece ni un solo céntimo de dinero público después de lo que les está haciendo a los trabajadores”, insistió.
En respuesta, la consejera Randa Mohamed ha defendido la actuación de su departamento y ha subrayado que el reconocimiento extrajudicial aprobado corresponde a un periodo en el que la empresa ya había cumplido con sus obligaciones y los trabajadores habían cobrado. “Se trata de un periodo de menos de un mes, entre el 16 de junio y el 8 de julio, en el que la empresa tuvo que actuar como puente entre contratos”, explicó.
La consejera cuestionó la propuesta de CpM de prescindir de los servicios de esta empresa. "No sé cómo pretende que nos deshagamos de la empresa nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Privatizamos el contrato o lo sacamos a dedo?", ironizó.
Mohamed desmintió que no se hubieran aplicado sanciones, recordando que se han abierto varios expedientes de penalización y que el procedimiento de resolución de contrato se encuentra muy avanzado. Además ha contradicho a Almansouri asegurando que el problema viene de octubre de 2024 y no de 2023.
La consejera aseguró que los trabajadores están informados de todos los pasos y que la Consejería mantiene comunicación constante con ellos. “Ya le digo yo, que este Gobierno está de parte de los trabajadores más que ningún otro podría haberlo estado. Todos los meses que no se han abonado las nóminas a los trabajadores están retenidos en la Consejería y se pondrán a disposición del juzgado para que puedan cobrar sin problema”, añadió.
La consejera enfatizó la postura del Gobierno frente a la empresa. “Si, sí hay imposición de penalidades para Alvalop; no estamos de parte de la empresa y, desde luego, nunca lo vamos a estar. Sabemos perfectamente lo que están viviendo los trabajadores y, por eso, aceleramos todo lo posible el proceso de resolución de contrato con esta empresa negligente”.
Tras el intercambio de argumentos, se ha procedido a la votación del reconocimiento extrajudicial por 3.400 euros correspondientes al contrato puente. La medida ha sido aprobada con 18 votos a favor —PP, PSOE, Somos Melilla y Diputado No Adscrito—, cuatro votos en contra —CpM— y una abstención —VOX—, quedando así ratificada por mayoría absoluta.
